¿Una jugada oficialista para disolver la SIDE?

El diario «Página/12», canal principal de las informaciones del gobierno, publicó el domingo la novedad de que uno de los principales gerentes políticos de la candidatura opositora de Roberto Lavagna, el diputado Juan José Alvarez, fue en su juventud, entre 1981 y 1984, empleado de la SIDE. Tiempos del gobierno militar, al que Alvarez estaba vinculado por vía de su suegro, un teniente coronel de apellido Mercado, que es quien le consiguió el puesto gracias a la mediación de Albano Harguindeguy, por entonces ministro del Interior. Para certificar esas afirmaciones, la nota publica fragmentos del legajo de Alvarez en la SIDE, adonde figura con un alias «aspiracional»: Javier Alzaga. Poco que ver con el peronismo, hay que suponer.

El diario repitió ayer la información, sepultada debajo de una catarata de declaraciones de dirigentes vinculados a los derechos humanos, capaces de convertir al nieto de Tito Lusiardo en una especie de Günter Grass del lavagnismo. Claro, el alemán confesó su pecado. A Alvarez se lo descubrieron, lo que vuelve más irremediable el golpe.

Nadie consignó, sin embargo, un aspecto muy llamativo del caso: tal vez la pertenencia de Alvarez a los servicios secretos, en su juventud, merezca la misma atención que la divulgación de su caso. En efecto, ahora se sabe que el jefe de campaña de una de las fuerzas políticas que se proponen enfrentar a Néstor Kirchner revistó en la SIDE, según él confiesa en calidad de administrativo, en tiempos del gobierno militar. Un dato que inquieta especialmente a quienes suponen, como muchos de los militantes de los derechos humanos que se manifestaron sobre el tema, que ese hecho determinó toda la conducta posterior de aquel muchacho («sabíamos que era un autoritario y esto viene a demostrarlo», dice una de esas dirigentes, casi en el borde de afirmar «algo le veíamos...»). Falta que ahora se reclame el egreso de Alvarez de la Cámara de Diputados, copiando el criterio que se siguió cuando se le impidió a Luis Patti el ingreso.

El caso también ha de conmover a los biógrafos de Alvarez, si es que ya los tiene. O a algunos de sus admiradores, como su amigo Horacio Verbitsky, quien le dedicó en enero de 2005 un par de panegíricos conmovedores a propósito de su designación como secretario de Seguridad de la comuna porteña (allí Verbitsky afirmaba, al contrario de lo que sostienen otros colegas suyos en su diario ayer, que Alvarez/Alzaga fue la garantía de que Eduardo Duhalde no cometiera una masacre al reprimir a manifestantes durante su presidencia). Pero además de conocerse que Alvarez perteneció a los servicios de inteligencia en calidad de « pinche», según él afirma, también se sabe que Kirchner está ante un problema: su aparato de informaciones fue perforado por la periodista Victoria Ginzberg, autora de la nota de «Página 12». Es lo que hay que suponer, ¿verdad?

¿A qué otros legajos e informaciones habrá accedido la cronista al cabo de sus investigaciones? ¿Cabe esperar que desde la mesa de Kirchner, donde se sientan a diario «Chango» y «Paco», emane alguna sanción para los responsables de esa filtración en un organismo cuyo activo más valioso es el secreto? Para el lector desprevenido, son preguntas retóricas. Es impensable que en Olivos no se sepa lo que publicará «Página 12» al otro día.

Fotografía

Aun así, el de Alvarez es el segundo caso de filtración que se conoce durante la presidencia del santacruceño. Porque todavía falta saber quién le entregó a Gustavo Beliz, hace ya más de dos años, la foto del agente Antonio «Jaime» Stiusso, que el renunciante ministro de Justicia mostró ante las cámaras de la TV.

Nadie tiene derecho a desconfiar de la pericia de la periodista Ginzberg como investigadora. Pero ¿es posible que haya sido el mismo gobierno el que arrojó sobre el escritorio de Ginzberg, en «Página 12», la «carpeta» de Alvarez? Ojalá, en homenaje al periodismo nacional, Ginzberg sea en tal caso sólo un seudónimo.

La sospecha de que el gobierno haya impulsado estas notas es más inquietante -y verosímil- que la que atribuye los datos al «periodismo de investigación». Porque si éste fuera el caso, quienes estarían en problemas no serían Kirchner, Icazuriaga y Larcher sino sus subordinados profesionales.

Ayer los dirigentes de organismos defensores de los derechos humanos no pidieron que Alvarez fuera exonerado del Congreso. Prefirieron reclamar la depuración total de la SIDE. Es decir, que se publiquen todos sus legajos para que se pueda determinar quién cuenta con antecedentes honorables para ejercer el oficio de espía y quién no. Un absurdo, claro. O, dicho de modo más concreto, para que se expulse de la Secretaría de Inteligencia a los efectivos que hayan tenido algún vínculo con la última dictadura militar. La eliminación de la SIDE es una hipótesis de trabajo frecuente entre expertos en seguridad cercanos a Olivos. La anunciaron en su momento, ante crisis parecidas, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, pero nunca avanzaron sobre el organismo. Con este gobierno, la reflotaron desde Luis Tibiletti a Marcelo Saín, pasando seguramente por el propio Verbitsky: fue desde el CELS, que él encabeza, que se pidió ayer la glasnost total sobre el servicio de inteligencia.

¿La divulgación del legajo de Alvarez es el comienzo de este proceso de liquidación de la SIDE, hasta ahora motivo de movimientos sólo teóricos? Sería una espectacular operación de marketing, casi equiparable a que el Presidente afirme «renuncio a mi derecho a postularme para la reelección». La hipótesis de que haya sido Kirchner, a través de sus subordinados, quien tiró este dardo contra sus opositores, presenta otro pliegue novedoso: la posibilidad de que se inaugure un método que no fue por lo menos habitual en la política local, el de divulgar información secreta del Estado como parte de las contiendas partidarias. Si fue el gobierno el autor de la revelación contra Alvarez, demuestra una temeridad suicida: ¿cómo asegurarse que en el futuro los sucesores no liberen también datos bochornosos sobre el actual elenco de poder? Los Kirchner, como se recuerda, fueron víctimas de este tipo de ataques por parte de agentes de la SIDE mientras vivían en Santa Cruz y gobernaba Duhalde. Como suele suceder en estos casos, siempre es brumoso el origen de informaciones tan delicadas. Eso favoreció ayer otra versión, maquiavélica. La que atribuía la publicación del legajo de Alvarez/Alzaga a otro lavagnista, enfrentado al ex ministro de Justicia y, al mismo tiempo, a la actual conducción de la SIDE. ¿Ese dirigente político hiperinformado (quien habría tenido acceso personal a esos legajos de inteligencia por los cargos desempeñados en el área) revoleó la carpeta de Alvarez para matar dos pájaros de un tiro? La Argentina está cada vez más lejos de ser un país en el que estos interrogantes tengan respuesta.