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Allí, entonces, desde hace una década, el ahora Presidente mantiene un duro conflicto con sectores de izquierda, más bien de origen trotskista, caracterizado por sucesivas y nutridas refriegas, expulsiones, denuncias, manifestaciones violentas y represiones correspondientes ( hasta se recuerda como anécdota a un actual ministro interviniendo para neutralizar una protesta no precisamente en forma pacífica). Casi siempre, estos pleitos merodearon los alrededores de un solo gremio, el de petroleros privados.
Por si estas citas no son suficientes, el grado de confianza es tal que, el año pasado, cuando la CGT iba a concurrir a la OIT, desde el gobierno se impulsó el envío de una delegación más sosegada y con más rango protagonizada en exclusividad por el sindicato de petroleros privados. Más datos: fue esta organización -de un crecimiento formidable a costa de otros gremios colegas, algo así como el pacman de camioneros con los mercantiles en Capital Federal y Gran Buenos Aires- la que avaló la propuesta del gobierno para mantener el mínimo no imponible de Ganancias (ver nota aparte) a costa del reclamo de otros sindicatos y de algunos dirigentes peronistas.
Ha sido este punto, como se sabe, la matriz de los luctuosos episodios de anteayer, aunque el desenlace reconoce viejos antecedentes sin saldar y otras internas provinciales (desde la dudosa buena relación entre el Presidente y su gobernador, Sergio Acevedo, hasta la hostilidad de los petroleros santacruceños con los de Neuquén, encabezados por un prominente allegado al gobernador Jorge Sobisch). Es posible que para los incidentes, el activismo trotskista haya logrado reclutar voluntades para reclamar por el Impuesto a las Ganancias -lo cual, graciosamente, viene a ser una curiosidad para la ideología marxista- en Las Heras. Y que esa protesta se convirtiera en pueblada: finalmente, hace años que trabajan en las bases contra la Administración.
O, como deben sospechar Kirchner y algunos otros entendidos, estos núcleos de izquierda en rigor se concentraron en ese sitio con pretensiones de desorden, montando una logística que desató su furia cuando se detuvo a un dirigente cercano por expresionesde queja en una radio (al cual, por otra parte, casi sin explicaciones, la propia policía finalmente liberó debido a la presión de las hordas, un fenómeno de notable inseguridad en la provincia). A esta presunta maquinación de epílogo violento, cargado de venganzas, debió referirse el Presidente.
Sea una u otra la razón, lo cierto es que la pretensión de los activistas reconoce una causa económica a la que adhieren otras organizaciones gremiales en el país (interesadas en preservar el ingreso de sus cuadros altos) y, con alguna timidez, la propia CGT que preside Hugo Moyano (quien lanzó el reclamo y luego sorprendentemente enmudeció como los petroleros privados de Santa Cruz). «Conseguimos el aumento, firmamos la paritaria, pero la plata se la lleva la AFIP», es la común reflexión de los sindicalistas. Tema nada sencillo, al menos para el gobierno -la ministra Felisa Miceli ya reconoció que no tiene idea de cómo resolverlo-, un reclamo que tiende a propagarse, aunque nadie imagina que esa demanda se acople a la furia asesina de los activistas en Las Heras. Ese tema de la violencia atañe, por el momento, a un fenómeno gremial y político de ciertos sectores de la provincia, subterráneo hasta ahora en el orden nacional y que lo viene a descubrir con su muerte el oficial Sayago.
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