¿Ajuste por precios o por los salarios?

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A partir de la devaluación, los contratos en la Argentina experimentaron no sólo una modificación en términos de magnitudes stock (los acreedores perdieron respecto del numerario de la economía, el dólar). Además del efecto de «única vez», al excluir por ley la utilización del dólar como numerario, todos los contratos enfrentan el problema del cambio de valor en la unidad que están nominados. En efecto, el numerario oficial de la economía (el peso) se deprecia a un ritmo vertiginoso que al cabo del primer trimestre, a pesar de la represión financiera y los crecientes controles de precios, se duplica mensualmente. Por lo tanto comienzan a aparecer mecanismos de ajuste contractual para procurar mantener constante el valor en el tiempo. Tal es el caso en particular de los créditos hipotecarios tomados con el sistema financiero, y en ese caso cabe preguntarse: ¿qué es mejor, ajustar por precios o por salarios?

El Poder Ejecutivo eligió el ajuste por precios al consumidor, con un rezago de poco más de un mes, a través del CER. El Congreso se inclina por el ajuste por un índice de salarios, el CVS. En el pasado se utilizaron índices de salarios (Circular B 1.070), tasas de interés (Circular 1.050), y por precios (indexaciones varias), por lo que algo se puede inferir de la experiencia pasada.

• Esencial

Los ajustes por variaciones en los salarios suelen establecerse a partir de cambios en los salarios «oficiales». Los salarios «básicos de convenio» son por lo tanto, la componente esencial de tales índices. En el pasado fueron la base para determinar el ajuste por la circular B 1.070, así como el «índice general de remuneraciones» de la ANSeS para ajustar jubilaciones.

¿Cuál es la experiencia en esta materia?

En primer lugar, los índices de salarios oficiales tienen variaciones discretas más violentas que las que experimentan los índices de precios. Ello es así porque la modificación de los salarios convencionales y oficiales tiene una menor frecuencia que la variación de precios.
En términos prácticos, eso implica que el índice salarial (y por lo tanto el de ajuste de los contratos) se mantiene constante por algún período y luego experimenta un brusco «salto» que equivale -más o menos- a varios meses de inflación. El gráfico adjunto muestra la variación del salario de convenio de operarios no calificados (promedio de industria y construcción), en términos reales, en la década del '80. Obsérvese la presencia de bruscos saltos del índice, aún mayores si se consideraran las variaciones nominales.

En segundo lugar, en cualquier economía se pueden verificar fuertes cambios de precios relativos, dependiendo de las condiciones iniciales, los shocks, el período de tiempo que se considere y el propio comportamiento endógeno del sistema económico.
A modo de ejemplo, si un contrato con base en el año 1980 se hubiera indexado por salarios nominales, su variación habría sido superior al ajuste por precios durante toda la década del '80 y parte de los '90. Ello es así porque los básicos de convenio estaban en un bajo nivel relativo a comienzos de 1980 (producto de la liberalización salarial en el período 1976/80), y sólo a partir de fines de aquél año volvieron a ajustarse con la inflación pasada (1). Por el contrario, si se toma un contrato con base en la mitad de la década del '80 el ajuste por salarios daría en años posteriores una pérdida de valor respecto del ajuste por IPC. En suma, un contrato firmado en 1980 hubiera crecido mucho más ajustando por CVS que por CER, pero un contrato de mediados de los '80 ajustado por CVS sólo valdría la mitad de un contrato ajustado por CER.

Por supuesto todavía es posible considerar métodos alternativos de ajuste, como el de aplicar tasas de interés (Circular 1.050, por ejemplo). El resultado (mayor o menor ajuste respecto de otros métodos) dependerá de cuán reprimido es el sistema financiero y qué tasas (activas o pasivas, oficiales o libres, etc.) se apliquen. En el largo plazo, alguien puede aducir que los ajustes por salarios o por tasa de interés probablemente no difieran significativamente (equilibrio bajo la «regla dorada»), pero presumo que muchos se preocuparán más por el corto plazo.

• Desempleo

En particular, el alto desempleo que se observa en la actualidad nos alejaría bastante del equilibrio de la «regla dorada», y por lo tanto el ajuste por salarios debería ser necesariamente inferior al ajuste por precios. En el caso que ello ocurriera, es decir que se ajustara por CVS que -durante un tiempo- puede crecer menos que el CER, correspondería preguntar quién se haría cargo de esa diferencia. La respuesta es en general: el acreedor. En el caso del sistema financiero el acreedor es el depositante, de modo que hay dos alternativas. O bien los depósitos pasan a ajustarse a un ritmo menor que el CER, o bien los contribuyentes pagan la diferencia. En este último caso estaríamos en presencia de un nuevo subsidio financiado por el sistema tributario (tal como se presentó por la conversión a pesos de deudas y créditos a diferentes tasas de cambio).

Hay también un escenario bastante probable. Es aquel en el que los bruscos ajustes por el CVS, aun cuando estén por debajo de los ajustes vía CER, lleven a una decisión política de romper la regla. En general no es lo mismo aplicar un ajuste de 5% mensual que uno de 34% al cabo de 6 meses. Si bien el deudor se beneficia por el retraso en el ajuste de las cuotas, la economía política de la cuestión indica que habrá fuertes presiones por «postergar» el ajuste, limitarlo a una «tasa razonable», o cualquier otro criterio arbitrario que permita establecer un número «políticamente correcto». En suma, no ajustar ni por precios (CER) ni por salarios (CVS).

En el fondo el problema no se resuelve eligiendo el CER, el CVS o cualquier otro índice. La cuestión central que no se discute y a la que deberían destinarse todos los esfuerzos es la de estabilizar la moneda, de modo tal que la elección del mecanismo de ajuste sería una cuestión de segundo orden. La errática política del Banco Central que ha per-dido su independencia del poder político, así como el desorden fiscal del gobierno federal y de las administraciones provinciales, no contribuirán sin embargo en el corto plazo a estabilizar el valor de la moneda. En ese contexto, ajustar por CER o por CVS puede hacer a algunos más o menos pobres en el corto plazo. En todo caso, limitar nuestra discusión a la elección del método de indexación es un indicio de que nos precipitamos hacia una economía todavía más desordenada y caótica que la que hoy tenemos.

(1) Hoy podría repetirse el cuadro si se desatara una política intervencionista que intentara aproximar los básicos de convenio a los salarios efectivamente pagados.

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