21 de junio 2002 - 00:00

Cómo recuperar ahorro y crédito

En la reunión de Halifax, Canadá, el G-7 acaba de instar al gobierno a «hacer mucho más en materia bancaria y monetaria» señalando dos cuestiones clave y urgentes: el «corralito» y la crisis bancaria, inexplicablemente dilatadas para enfrentar la situación crítica. «El capitalismo -decía Shumpeter- es esa forma de economía de propiedad privada en la cual las inversiones e innovaciones se llevan a cabo mediante dinero prestado, el cual, en general implica la creación de crédito.» La economía argentina se arrastra sin moneda ni crédito atenazada por un penoso default externo e interno que potencia el desplome productivo. Su recuperación exige restablecer con urgencia el financiamiento.

El punto de partida es recrear los valores e instituciones fundantes del ahorro y del crédito. Aquí reside el mayor daño material y moral irrogado al país por la algarabía irresponsable de devaluar sin plan, romper instituciones y contratos, destruir el sistema bancario, transformando el descalabro de la administración De la Rúa y la fiesta inolvidable de Adolfo Rodríguez Saá en la implosión institucional, económica y social en que nos debatimos.

• Desbloqueo

Hay que desbloquear los depósitos. Su demora empeoró la salida, agravó la imagen y liquidez de la banca, facilitó amparos desiguales que avivaron la estampida cambiaria, fortaleciendo expectativas imposibles de restitución inmediata. Hoy se encara el problema en condiciones adversas: tardíamente, sin instituciones que faciliten soluciones más flexibles y convencionales, con riesgos monetarios y entidades con cash flow negativo. No existe otra posibilidad que el ahorrista resigne disponibilidad y valor presente a cambio de expectativas de mejor valor futuro. Su suerte depende mucho más de un hipotético buen gobierno antes que del empeño regulacionista de las actuales autoridades.

No hay solución presente sin confianza en el mañana. Como en Manhattan luego del 11 de setiembre, se impone hacer el duelo, remover escombros y encarar el futuro. En la banca significa sanear, redimensionar y relanzar un nuevo sistema sostenible. Antes que nada descontaminarla. Las entidades inviables deben liberar el mercado a instituciones sanas o recuperables con el aporte de sus accionistas y redescuentos eventuales sumamente medidos y racionales. Sus ahorristas deben desinteresarse con bonos y sus acreencias se recuperarán a través del mercado.

Todas las licencias bancarias deben ser escrutadas y convalidadas a fin de que acrediten condiciones de solvencia, liquidez y eficiencia sostenibles o que garanticen su viabilidad en un tiempo prudencial.

El menor nivel de PBI y la dramática caída de la riqueza financiera doméstica nos conduce inexorablemente a un sistema financiero de menor tamaño. Volver a un PB per cápita como en 1988 es un desafío de muy largo aliento. Entre tanto, la economía no puede pagar márgenes y comisiones para cubrir el costo actual de la banca, aun ajustado por la devaluación. La depuración patrimonial y técnica es clave para una racionalización enlazada a la idea de contar con la mejor banca, con abstracción de nacionalidad, categoría, tamaño o especialidad.

• Adecuación

Sin reestructuración política y técnica de la banca pública, no hay solución eficiente. Hay que adecuarla a su verdad patrimonial y a su real eficiencia técnica y comercial. La calamidad social y la restricción fiscal impiden capitalizaciones expansivas a expensas del gasto público. El propósito básico es asegurar los servicios de cobros y pagos y de captación de ahorro en regiones y segmentos no cubiertos por la banca privada o cooperativa. Racionalizar y redimensionar es una revolución imprescindible que guarda relación con los objetivos y formas con que encare el futuro. A partir de un período de transición establecido conforme a necesidades regionales y sectoriales, la banca pública debe focalizarse en objetivos de desarrollo como banca de segundo piso dejando los riesgos de empresas o personas en manos de agentes privados. Se concentrará en políticas crediticias basadas en su propio funding, en los mercados de capitales o en líneas internacionales canalizables a través de la banca privada y a su exclusivo riesgo. Promoción con transparencia y eficiencia: ésa es su nueva misión. En ausencia de una política semejante el actual sobredimensionamiento generará una selección negativa a expensas de la eficiencia, derivándose en una estatización indirecta del mercado.

La nueva legislación debe contemplar bancos comerciales universales, entidades focalizadas en lo transaccional y también bancos de inversión.
El mayor componente inicial del negocio será transaccional, canalizando su liquidez hacia encajes u operaciones autoliquidantes. La banca comercial se sujetará a las regulaciones clásicas de su línea de negocios, evitando el funesto descalce de monedas, de liquidez y cualquier forma de préstamo al Estado Nacional, Provincial o Municipal. La banca de inversión se moverá en los mercados de capitales, en negocios fiduciarios, de Venture Capital, etcétera.

• Crédito

La banca comercial debe ser «on shore». La banca «of shore» no da respuesta al crédito, el factor más escaso de los años por delante. Volver a ser un país normal requiere un sistema bancario que aliente y garantice la movilización interna de ahorro y su canalización al financiamiento productivo y del consumo. Resulta ingenuo pensar que institucionalizando una banca «of shore» habrá crédito interno. Los encajes bancarios y las reservas de liquidez correspondientes a depósitos en moneda extranjera podrán constituirse en el exterior. Los préstamos financiados con depósitos o líneas en divisas deberán tener un claro «first pay out» en divisas generables por el deudor.

El país debe proponer y garantizar en forma creíble un verdadero «New Deal» para volver a radicar el ahorro y recuperar capitales y crédito externo. El nuevo sistema debe contar con sanción legislativa de Nación y acuerdo de las legislaturas provinciales. Comprenderá una nueva Carta Orgánica que garantice autonomía, idoneidad, no judiciabilidad de las actividades prudenciales del Banco Central, una renovada Ley de Entidades Financieras y garantías ciertas de estabilidad tributaria y de respeto jurídico o la relación entre acreedor y deudor. El éxito de un proyecto semejante dependerá de que la Argentina desarrolle y mantenga en el tiempo un nuevo sistema político de buen gobierno, instituciones que garanticen los equilibrios macroeconómicos y reglas de un capitalismo eficiente y competitivo. Hoy es tiempo de siembra, no de cosechar. Los frutos serán recogidos a largo plazo, con nuevos liderazgos creíbles, tras perseverar firmemente en sanas políticas públicas y económicas.

(*) Director externo y consultor de empresas y entidades financieras. Presidente de la filial Buenos Aires de la Fundación Mediterránea. Ex vicepresidente ejecutivo de Banco Río y ex presidente de Siembra AFJP.

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