Estado de derecho y riesgo moral

Apartir del derrocamiento del presidente constitucional de la Argentina, por los hechos de violencia organizada del 19 y 20 de diciembre de 2001, los gobernantes transitorios designados sucesivamente por la Asamblea Legislativa adoptaron una serie de medidas que profundizaron la recesión económica rampante desde 1996, convirtiéndola en una profunda depresión, y dejaron al país sin moneda, comprometiendo seriamente la estabilidad del sistema financiero, sin el cual ninguna economía puede funcionar.

El bloqueo de los fondos bancarios, la conversión obligatoria con efecto retroactivo de las obligaciones de pago en moneda extranjera de los contratos privados y obligaciones bancarias, la posterior devaluación de la moneda nacional y proporcional licuación de las deudas bancarias y privadas, que proporcionó sustanciosos retornos a un pequeño número de grandes deudores en moneda extranjera, a expensas de la confiscación virtual de la propiedad de millones de ahorristas, constituyen flagrantes violaciones de las normas constitucionales que establecen los derechos y garantías de los ciudadanos. Como corolario, desconocen el principio jurídico del «riesgo moral» ínsito en los contratos bancarios y privados, en los que se han pactado tasas de interés y precios «diferenciales» cuando se trata de transacciones en moneda extranjera, con respecto a contratos similares en moneda nacional. La Corte Suprema de Justicia, amenazada por un «juicio político por sus fallos», se sintió bloqueada para declarar la inconstitucionalidad de esas medidas. Así la Argentina dejó de ser un estado de derecho y de tener moneda, comenzando a imperar la Ley de Gresham.

• Prima

En el lenguaje financiero se denomina «riesgo moral» («moral hazard») a la probabilidad de sufrir una pérdida contingente en la ejecución de los contratos que los bancos, compañías de seguros y otros actores privados celebran con sus clientes, debido al carácter, hábitos y comportamiento de éstos, así como a las circunstancias de contorno que influyen en su desempeño. Quien asume un «riesgo moral» cobra una prima por ello, que puede ser una prima de seguro diferencial, una tasa diferencial de interés u otro precio diferencial, que le permita compensar el riesgo que asume. La prima por riesgo-país que los inversores externos adicionaron a la tasa de interés que debía pagar las obligaciones que asumía el Estado en el extranjero, es un ejemplo típico. La prima por «riesgo cambiario» que percibieron los bancos de los depositantes en moneda extranjera, al pagarles una menor tasa de interés que la que devengaban los depósitos en moneda nacional, es otro caso paradigmático. La menor tasa de interés que convinieron los deudores bancarios al tomar préstamos en moneda extranjera, con respecto a la devengada por los préstamos en moneda nacional, también significa una «prima» que percibieron por asumir un riesgo cambiario en sus obligaciones de pago de capital e intereses.

En esas condiciones, quien ha percibido una compensación por asumir el «riesgo cambiario» en un contrato, al producirse el siniestro, como es el caso de una previsible devaluación de la moneda, no tiene derecho a rasgarse las vestiduras y clamar al cielo que «pague Dios».

• Obstrucciones

Hay quienes creen que el derrocamiento de las legítimas autoridades constitucionales fue intencional, para declarar la cesación de pagos de la deuda externa y producir una considerable devaluación de la moneda nacional seguida de una magna licuación de los pasivos en moneda extranjera. A la Justicia le corresponde dilucidar esta cuestión.

Lo que sí nos consta es que, en las semanas previas al derrocamiento del presidente, las obstrucciones impuestas por los gobernadores y legisladores en el Congreso Nacional a la aprobación del Presupuesto nacional, el bloqueo de las tratativas con el Fondo Monetario Internacional y de las medidas necesarias para completar la consolidación de la deuda externa, anticipaban una actitud proclive a ese derrocamiento.

A partir de ese momento, el bloqueo bancario esterilizó dos tercios de la liquidez financiera existente en la economía y la economía se desplomó, agravándose la tendencia recesiva que se iniciara en 1996, que se transformó en una profunda depresión económica, con creciente desempleo laboral, marginalidad y exclusión social.

Para atenuar esos previsibles efectos, minorar la magna violación de los derechos y garantías constitucionales, preservar en lo posible la estabilidad del sistema financiero y evitar que la violencia se hiciera dueña de las calles, el 14 de enero pasado aconsejé al gobierno, en un dictamen que me fuera solicitado por el señor ministro de Justicia, que los bancos otorgaran a los ahorristas «certificados de depósito a plazo fijo», negociables libremente en el mercado financiero secundario, cancelables en las «monedas de origen» de esos depósitos, cuyo cronograma de pagos estuviera ajustado a la prevista devolución de los préstamos otorgados por los bancos. Por feliz coincidencia, esta misma propuesta fue hecha, días después, por algunos distinguidos economistas académicos extranjeros. Basado en mis propias contribuciones científicas sostenía en ese dictamen que la flotación conjunta de las tasas de cambio y de interés, actuando interactivamente como contrapeso la una de la otra, permitirían restablecer la liquidez del sistema económico, sin consecuencias dramáticas. Este ensayo de política económica se ha iniciado hace pocas semanas a partir de las licitaciones de Letras.

Como era de esperar, a partir de la imprudente declaración de «cesación de pagos» hecha por uno de los presidentes provisorios después del derrocamiento del presidente constitucional, declaración que fue aplaudida por la Asamblea Legislativa con «el corazón alegre» ahora el mundo le exige a la Argentina que adopte un programa económico sustentable con las reformas estructurales necesarias para corregir su situación de insolvencia y revertir su ciclo económico depresivo. Cumplir con esta exigencia llevará tiempo y su implementación por un gobierno provisorio no será sencilla, puesto que esas reformas estructurales supondrán sufrimientos adicionales a la población que, si bien serán transitorios, agudizarán la emergencia social. Sin duda estas reformas comprometerán también los intereses políticos y económicos de la clase dirigente, en la que este gobierno se sustenta.

Formulo sinceros votos para que el ministro de Economía recientemente designado inicie con éxito esta ímproba faena, asumiendo con vigor y empuje esta delicada y compleja misión.