Eduardo Duhalde pidió una cita urgente para hoy con Néstor Kirchner para despejar el clima enrarecido por la eventual reapertura de los juicios a militares. Fue después de que el ministro José Pampuro, con pompa y formalidad, les comunicase al Presidente y a los jefes del Congreso que hay malestar en las Fuerzas Armadas. El dato de ayer fue que hasta Elisa Carrió se pronunció contra las extradiciones pedidas por el polémico juez español Baltasar Garzón. Siguieron los dichos de Kirchner y de su candidato a la Corte, Eugenio Zaffaroni, en el pronunciamiento a favor de que los militares que fueron beneficiados con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sean juzgados en territorio argentino. Evitar la extradición a España implicaría juicios a más de 3.800 militares retirados y en actividad con imprevisibles consecuencias. Es poco probable que el Congreso anule las leyes del perdón y por eso el gobierno mira a la Corte para que declare la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y frene unas extradiciones que, según encuestas, son odiosas para la mayoría del público y podrían convertir esta crisis inducida por el gobierno para reforzar su autoridad en un boomerang.
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Ahora busca una definición que lo aleje de un foco de conflicto con los militares, es decir, que lo obligue a firmar la extradición de los ex integrantes de las Fuerzas Armadas.
Menos aún convertirse en el responsable de que España no los juzgue porque el Presidente, que siempre se ufanó de estar en contra de estas dos leyes porque
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