Las claves del caso

Aseguran senadores que la ley laboral se escribió en el despacho de Chacho Alvarez, que dicen que ofrecía cambiar figuritas para que voten el proyecto. El rol de Hugo Moyano en el destape del caso. El santacruceño Sergio Acevedo sabía todo. El misterioso agente radical de la SIDE que abrió la compuerta. Pontaquarto viene de Fredi Storani, y lo nombró secretario del Senado el peronista Carlos Ruckauf. Nota de Ambito Financiero

Mario Pontaquarto fue exonerado hace 20 días del cargo que tenía en el Senado por dos causas. Una es un sumario por la no devolución de unos viáticos para un viaje que retiró de la tesorería y nunca usó. Otra es una investigación judicial por presuntas irregularidades en sus funciones. La decisión la tomó Daniel Scioli luego de que Pontaquarto estuviera suspendido casi un año en sus funciones. Una vez que estaba fuera del Senado y con las autoridades del bloque UCR en retiro -Carlos Maestro no logró reelegir en la banca- Pontaquarto decidió ir a la Justicia. Pudo sentir que ya no tenía compromiso alguno ni con la Cámara -a la que dejó de pertenecer después de veinte años- ni con la UCR. Su principal sponsor, el mendocino José Genoud, está retirado de la política y convalece de una grave enfermedad; accedió a la jefatura del bloque un adversario de sus amigos, el radical misionero Mario Losada, que acaba de designar como secretario del bloque a un ultra alfonsinita, el abogado porteño Carlos Ulrich, y de confirmar a otro ultra alfonsinista como prosecretario administrativo de la cámara, José Canata. Éste es precisamente quien lo reemplazó en 1999 en la secretaría administrativa del Senado por designación de Losada. Es decir gente de la vereda de enfrente.

Uno de los más viejos amigos de él es el ex diputado Daniel Bravo, hijo de Alfredo Bravo, un radical de la parroquia de Saavedra que creció a la sombra de Canata pero a quien enfrentó de la mano del antialfonsinista y lo desplazó del control de esa parroquia. Con Bravo (h), Pontaquarto ingresó en 1983 en el Senado, con veinte años. Su filiación originaria fue con el abogado de Morón, Marcos Di Caprio, que fue secretario de Seguridad de Alejandro Armendáriz y después diputado nacional (se hizo célebre cuando denunció que siendo César Jaroslavsky jefe del bloque UCR le habían falsificado la firma en un dictamen de la comisión de Juicio Político). También estuvo relacionado con el diputado Federico Storani, tanto que llegó a presidir el Ateneo Karakachoff de su ciudad natal, Luján (Bs. As.). Con Bravo (h) trabajaron con el senador entrerriano Luis Brasesco. Nunca perdieron la amistad hasta el último episodio. La importancia de Pontaquarto se acentúa desde 1996 como prosecretario parlamentario, asciende y en 1998 Carlos Ruckauf lo lleva al cargo máximo de secretario administrativo de la Cámara. Reemplazó a Matilde Guerrero, la encargada de manejo de fondos de Ruckauf que debió renunciar por una denuncia por el monto que se pagó por la compra de dos vehículos para el Senado. Cuando llega Chacho Álvarez al Gobierno, Pontaquarto conserva la secretaría parlamentaria con Ricardo Mitre de secretario administrativo y es el contacto de la Alianza con el bloque de senadores PJ de Alasino.

Lo que disparó la intención de arrepentirse en público y declarar en la Justicia fue la misteriosa aparición en la primera semana de noviembre pasada de un agente de la SIDE que pidió declarar ante el tribunal que juzga la conexión local del atentado a la AMIA. Se trata de Isaac Eduardo García, un vecino de Adrogué que trabajó en la SIDE desde la década de los años '80, militante de la UCR, quien dijo haber estado en operaciones delicadas en la agencia de espionaje durante el gobierno radical. Cuando supo que otros dos agentes y el propio Hugo Anzorreguy habían reconocido el uso de dinero de la SIDE para pagarle $ 400 mil al chatarrero de autos Telleldín para que incriminase a policías bonaerenses, Isaac García dijo que tenía lo suyo para contar: cómo se habían comprado los celulares para uso de los funcionarios del gobierno de De la Rúa.

Este García le pidió a Sergio Acevedo que lo autorizase a levantar el secreto, algo que se hizo público en la prensa -lo publicó el Diario Ámbito Financiero con lujo de detalles en su momento -. El presidente autorizó esa declaración luego de que se lo pidiera por escrito el sindicalista Hugo Moyano, interesado desde hace tiempo en que el Congreso derogue la polémica ley de reforma laboral, que sigue vigente aunque no ha sido reglamentada. Según dijo a este diario el abogado de Moyano, Héctor Recalde, ese sindicalista apoya la derogación de la ley porque en cualquier momento pueden aplicarse con cláusula como la caída de la ultra actividad si no se negocian nuevos convenios en dos años caen los convenios viejos que datan de la década de los '70 y otras normas de desregulación laboral. Moyano presume que esos celulares de los que quería hablar Isaac García habían sido usados para coordinar el pago de coimas a senadores a cambio del voto a esa sanción. García declaró en el juicio pero no aportó ningún detalle sobre coimas. Se limitó a contar que la SIDE había usado una empresa de él, Canteras Brandsen, para usarla como frente y comprar teléfonos celulares para uso de funcionarios del gobierno de De la Rúa, algo que había sido normal en otras ocasiones en cuanto a la mecánica de esa compra.

Cuando Pontaquarto supo de esta declaración pudo creer que se podían abrir compuertas que podían perjudicarlo y pudo elegir el rol de denunciante para controlar según él relatando la verdad de los hechos la versión de lo ocurrido. Esa aparición de Isaac García había conmocionado a sectores del radicalismo ligados a la SIDE y el ex secretario administrativo creyó que la situación se agravaría con el recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando prescribieron las lealtades que lo habían mantenido en silencio.

Pontaquarto se decide a hablar y entra en contacto, como relatan los periodistas María Fernanda Villosio y Edy Zunino, con ellos y mantiene nueve reuniones. Terminan bajo el paraguas del ex estudio de Luis Moreno Ocampo, hoy llevado adelante por el abogado Wortman Jofre, quien graba el reportaje y lacra los casetes para que tengan validez como prueba en los tribunales. Antes de registrar esa grabación, que es la que reproduce la revista TXT, le cuenta su intención a Daniel Bravo, y le pide lo acerque a alguien del gobierno para que le den protección. Bravo lo lleva a verlo a Aníbal Ibarra, a quien le manifiesta su deseo de hablar. Por esa vía entra en contacto con Alberto Fernández, quien en consulta con Néstor Kirchner organiza una salida de los familiares de Pontaquarto del país para protegerlos de cualquier represalia. Todos ellos mantuvieron el secreto de esta declaración para esperar que se produjera el hecho periodístico. Por la vía de Wortman Jofré es que se logró que el juez Norberto Oyarbide le tomase declaración en la misma tarde en que se publicaba la revista, con lo cual quedaba manifiesta la obligación de citarlo a tribunales. Fue el mismo día cuando se cumplía ayer, el primer aniversario de la muerte de Marcos Dio Caprio, como recordó un aviso necrológico del diario La Nación convocando a una misa en la localidad de Morón.

La trama del arrepentido tiene, hasta donde se conoce, más de periodismo que de operación política. Con el poder que tiene el Gobierno de acuñar en la opinión todo lo que controla -éste es otro caso salido de la Casa de Gobierno, desde donde se le dio seguridad al denunciante- una vez lanzada es natural que se reacomoden todos los protagonistas: Chacho Álvarez se subió a los micrófonos buscando una reivindicación definitiva en este ascenso que va teniendo de la mano del Gobierno. No está en las intenciones del gobierno sin embargo levantarlo, porque Kirchner le conoce los puntos en materia de lealtad y continuidad al ex vicepresidente. Chacho intentó en las apariciones del viernes en radio y TV despegar lo que dice de él Pontaquarto: que les dio cargos a los peronistas de Alasino porque creía que había que tenerlos tranquilos. No le va a ser difícil despegarse de cualquier presunción de participación porque se manejó con habilidad como denunciante: lo mostró ayer cuando hablaba del interés del gobierno en 2000 en que se votase la ley laboral, como si él no perteneciese a ese gobierno, del cual era vicepresidente.

Algunos de los senadores de aquella época están dispuestos a reforzar el protagonismo de Álvarez en la sanción de la ley. El jujeño Alberto Tell, que fue presidente de la comisión de Trabajo, le dijo anoche a este diario desde Córdoba: "Lo voy a querellar a Chacho porque esa ley la hice yo en su despacho y él sabe bien cómo fue todo". Resignó dar más explicaciones.

Uno de los cuatro senadores que no votaron la ley laboral, el entrerriano Héctor Maya, reveló que Álvarez lo citó a su despacho para convencerlo de que votase el proyecto: "Cambiemos figuritas", dice que le dijo. Cuando Maya le dijo que él nunca votaría esa ley por ser antisindical, Álvarez ordenó el despido de personal y asesores de Maya, que renunció al bloque PJ. Entre los senadores que no votaron la ley laboral estuvieron santacruceño Eduardo Varizat y los sanluiseños Alberto Rodríguez Saá y Carlos Sargnesse. La cordobesa Beatriz Raijer relacionó la mención que hizo de ella Pontaquarto con una denuncia por envenenamiento que ha hecho la ex senadora peronista -hoy milita junto al intendente Luis Juez -. Más callado que nunca, el salteño Emilio Cantarero permanecía ayer en su provincia a la espera hoy de que lleguen algunos de sus abogados desde la Capital Federal.

Aunque es prematuro sacar conclusiones es claro que el gobierno se beneficia por varias razones: 1) saca del medio en una semana clave el debate de los piqueteros y pone otro que puede disolver el enojo de sectores moderados hacia los activistas y reabrir en ellos el reclamo contra las coimas; 2) pone de rodillas al naciente Senado con algunas estrellas que podían amagar con algunos gestos opositores. Este Senado es más difícil para Kirchner que el senado que se fue; por más que muchos de los protagonistas de la crisis del año 2000 ya no están, la Cámara debe de nuevo dar explicaciones; 3) pone también en el rincón al peronismo. Este Kirchner que nunca habla del PJ ni de Perón dirige ahora su mirada a los "compañeros" que son acusados de cobrar coimas; 4) halaga a Moyano, el principal socio en el sindicalismo, a quien halaga con prebendas en el área de transporte (subsidios, concesión de chequeos médicos de choferes a la obra social, etc.) pero ahora en el principal objetivo de Moyano, la derogación de la ley sindical. Uno de los proyectos que se presentaron para lograrlo, sin que nadie moviera un dedo, lo firma nada menos que Cristina de Kirchner; 5) aunque gravitan menos, arrincona también a los radicales, que son quienes al final pagaron la coima, aunque la actual cúpula de este partido responda a sectores críticos a De la Rúa.