Leímos en Ambito Financiero del 29-03-01 que la Asociación de Magistrados ha objetado el proyecto de derogación del «2x1», en cuanto faculta al Consejo de la Magistratura a controlar mediante un informe obligatorio de los jueces algunos actos regulares del proceso como los fundamentos y la duración de las prisiones preventivas.
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Al respecto, hace años que venimos señalando en estas páginas la irresponsabilidad de quienes dictaron la ley del «2x1», a la vez de criticar a muchos jueces por las solturas irrazonables de peligrosos imputados. Pero el control del proceso que se otorga al Consejo de la Magistratura en el proyecto de derogación de dicha ley es absolutamente inconstitucional e inviable.
Así, la Constitución sólo les otorga a los jueces (Corte Suprema y Tribunales Inferiores) el conocimiento y decisión de todas las causas, incluidas las penales (art. 116) y, en el caso de demora, el actual Código Procesal en el art. 207 dice que debe analizarla el superior del juez moroso.
Es saludable, entonces, que los jueces deban informar ahora sobre prisiones y libertades, pero constitucionalmente deben hacerlo ante sus Tribunales de Alzada, quienes tienen la obligación de denunciar ante el Consejo de la Magistratura las irregularidades judiciales; y este Consejo, actuar en consecuencia.
Es público que miles de argentinos fueron víctimas de excarcelados con ligereza, y no se conoce que ese consejo haya encausado a muchos jueces por tales solturas, de modo que antes que acumular funciones inconstitucionales, sería conveniente que se ocupe de la mejor manera de las obligaciones que ya posee.
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