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Pero al dar marcha atrás con los decretos, significa una nueva violación a la seguridad jurídica y al respeto a los contratos en lo que pudo haber sido interpretado como «qué le hace una mancha más al tigre». Es cierto que los decretos originales por los cuales se idearon distintos planes para autorizar el pago de impuestos con la aplicación de cupones vencidos de títulos públicos tenían el objetivo (mientras el país no estaba en default) de «asegurarles» a los inversores la cobranza de dichos cupones. Si el país pagaba, todo en orden, y si no cobraban, podían aplicarlo al pago de sus impuestos. El objetivo final era crear tanta confianza en el pago de la deuda pública de tal manera que bajara la tasa de interés y el país evitara justamente el caos que sobrevino posdeclaración del default.
Creemos que todavía hay una chance para armonizar ambos objetivos. El artículo 4 del decreto establece que pasado los 30 días, el Ministerio de Economía propondrá un plan que adecue el uso de los títulos a las posibilidades presupuestarias futuras.
