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Quieren déficit cero, pero falta convicción
En segundo lugar, en el contexto del nuevo diagnóstico se advierten por momentos propuestas o probables medidas que vía fuentes específicas de financiamiento -de carácter solidario, extra-mercado, o vía nuevos impuestos transitorios-implican obtener fondos para que el sector público financie su desequilibrio sin tener que acudir al mercado. Estas propuestas deben ser rechazadas. Confunden eliminar el déficit con asegurar su financiamiento fuera del mercado, mantienen el aumento de la deuda pública o implican seguir presionando al sector privado con impuestos, no generarán percepción de mayor solvencia fiscal y carecen de proyección a partir del año 2002.
Tercero, la política de déficit cero vía baja de gastos debe abarcar el déficit consolidado del sector público, es decir, Nación y provincias. La relevancia de este punto queda clara si se considera que para el corriente año las pautas acordadas con el FMI eran de un déficit (postmegacanje) de u$s 6.450 millones para el sector público nacional y de u$s 2.760 millones (indicativo) para las administraciones provinciales.
En cuarto lugar, la reducción de gasto público que se implementará para alcanzar el déficit cero fue planteada como transitoria y variable, con la implicancia de que el gasto público volvería a su nivel preexistente en caso de aumentos en la recaudación, en vez de destinar los mismos, por oposición, a reducir la presión impositiva sobre el sector privado.
Este diseño de la baja de gasto, que probablemente sea el resultado de la urgencia con que se implementa el déficit cero, no recoge dimensiones del gasto público que justifican efectuar una baja sustancial definitiva y que tienen que ver no ya con el carácter no financiable del gasto actual, sino con los importantes bolsones de ineficiencia, despilfarro y falta de control que lo caracterizan.
•Garantía
Es posible aceptar en el corto plazo el «trade off» de la eliminación inmediata del déficit contra un diseño incompleto. Pero la condición es que deben utilizarse urgentemente las próximas semanas y meses para garantizar, a través de un diagnóstico adecuado, la consolidación de la baja de gasto -reforma del Estado-a través del ataque frontal a la ineficiencia y despilfarro, a la deteriorada calidad de la oferta de bienes públicos, al deficiente «governance» del sector público y a la falta de control del gasto público.
Adecuadamente diseñada e implementada con persuasión y sin ambigüedades, la política de déficit cero vía baja de gastos es la primera señal correcta en la dirección de una adecuada institucionalidad fiscal, que complemente y refuerce la institucionalidad monetaria alcanzada con la convertibilidad del peso a partir de 1991. Y el corolario de evitar el crecimiento ulterior de la deuda pública es el primer atisbo del diseño de una política de deuda, que condicione el gasto del Estado en vez de adaptarse pasivamente a él como hasta el presente.


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