Los gremios docentes aprenden pronto. Han entendido la prédica de Hugo Moyano de que hay que presionar por mejores salarios. Prometen (in) movilizar el país a la vuelta de las vacaciones de invierno. Interpretan no sólo sus necesidades; también la sensación que se ha generalizado de que en la segunda mitad del año el país librará otra desgastante batalla por la suba de salarios. A este escenario también se suman los trabajadoresestatales, que incluso ya llevan a cabo tomas de edificios públicos para hacer oír su malestar. Los gobernadores ya anticipan imposibilidad financiera para apaciguar rebelión.
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El sueño del titular de la CGT nacional, Hugo Moyano, de arrancarle a Cristina de Kirchner un paquete de subas salariales puso en alerta máxima a los gobernadores, que ya temen, en efecto rebote, una nueva catarata de protestas en sus distritos en pos de nuevas concesiones.
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De por sí, el río ya viene revuelto en el interior, con los docentes como punta de lanza en materia de medidas de fuerza (todo un clásico: ya que tienen un as bajo la manga: la amenaza de no retomar las clases tras las vacaciones de invierno).
Por ello, advierten los caciques provinciales, fogonear unilateralmente desde Buenos Aires nuevas embestidas salariales no hará más que profundizar la escalada de paros en ciernes.
Por de pronto, ya se vieron en muchos casos obligados a abrir tempranamente nuevas negociaciones paritarias, como en Buenos Aires ( Daniel Scioli, con docentes y estatales) y en Santa Fe (Hermes Binner, con los maestros).
La presión pone sobre las cuerdas a los ejecutivos provinciales. «No se pueden pagar más sueldos, con la actual recaudación, sin aumentar impuestos», advirtió el socialista Binner.
Los reclamos adquieren a veces ribetes de tensión. Por caso, ayer trabajadores de la Salud mendocinos amplificaron sus pedidos con la extorsiva toma del ministerio local, mientras que el pasado viernes llevaron adelante un « escrache» frente al edificio en el que vive el mandatario justicialista Celso Jaque. En Jujuy, en sintonía, UPCN despliega como estrategia el copamiento de edificios públicos.
Es, en rigor, mal momento para que florezcan nuevas estocadas gremiales en el interior, donde los presupuestos provinciales ya destinan más de 60% promedio a sueldos.
Los mandatarios todavía no terminan de mensurar el impacto que tendrá en sus arcas la extendida protesta del agro, que derivó en una parálisis del movimiento económico y en la consecuente e inesperada desaceleración en los envíos de coparticipación y de las recaudaciones locales.
Esa postal contrasta con la floreciente percepción nacional de tributos, que anota niveles récord precisamente por el incremento de la cosecha en materia de retenciones, que no se comparten luego a las provincias.
Se trata, en definitiva, de una contradicción que debe resolverse en el marco de la discusión de una nueva ley de coparticipación, vieja asignatura pendiente que sin embargo los líderes oficialistas de las provincias reclaman en voz baja (pese a la creciente presión de las oposiciones locales) para no ganarse la inquina del matrimonio Kirchner.
Política
De estas paradojas no se ocupa, claro está, Moyano, más interesado en cambio en asegurarse su continuidad al frente de la central gremial, en el marco del congreso sindical previsto para el próximo 8 de julio.
Necesita para ello arrancarle concesiones a la Casa Rosada. Pese a sus desmentidas públicas, el líder camionero ya le adelantó al titular del PJ nacional, Néstor Kirchner, su pretensión de que sea nuevamente convocado el Consejo del Salario Mínimo para retocar esa base salarial.
No es todo: apuesta, además, Moyano al anuncio de una suba salarial general de entre 7% y 8% -luego de que la escalada inflacionaria licuara los últimos incrementos- y de un aumento también de las asignaciones familiares.
Toda esa leña arrojada al fuego, razonan en las oficinas gubernamentales del interior, terminará por dibujar un segundo semestre signado por las protestas gremiales, opacadas durante las últimas semanas por las quejas del agro.
Por de pronto, quienes pican en punta en materia de medidas de fuerza son los maestros, que cuentan como factor de presión la posibilidad de vaciar las aulas tras las inminentes dos semanas de vacaciones de invierno.
En el lote de gremios docentes en conflicto -que ya están parando o amenazan con hacerlo- se encuentran los de Buenos Aires, Jujuy, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Tierra del Fuego, entre otros.
Sin embargo, otros sindicatos no se quedan atrás. Por caso, en el ámbito de los estatales, desde ATE bonaerense anunciaron ayer que habrá una nueva reunión paritaria el próximo 10 de julio, con un escenario de protestas que también llevan adelante sus pares de Entre Ríos y Jujuy. En el caso de la Salud, en tanto, se movilizan por estos días los trabajadores de Mendoza, Corrientes, Buenos Aires, Entre Ríos y Tierra del Fuego.
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