6 de diciembre 2001 - 00:00

Si llega a ser ley, pulveriza el crédito

Si llega a ser ley, pulveriza el crédito
Como si la gravísima afectación del derecho de propiedad que importa la inmovilización de fondos dispuesta por el PEN, a través del Dec. 1.570/ 01 (que se traduce en el hecho de que el inversor externo o vernáculo que colocó a plazo fijo o contaba en cuenta con $ 1.000.000, sólo podrá retirar $ 250 por semana), no fuese suficiente para espantar a todos, sobre el fin de la semana pasada -y con la firma del diputado Pascual-, entre otros, fue elevado al Senado de la Nación un perverso proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja, suspendiendo por 180 días «a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los concursos preventivos y quiebras con los alcances que se indican y los procedimientos en trámite de ejecución de sentencias respecto de los créditos que esta ley menciona» (art. 2 del engendro: textual).

So capa de una hipotética sensibilidad populista que -en teoría y para sus mentores-beneficiaría a la población, se suspende por el plazo anterior-mente mencionado (que, obviamente, podrá ser prorrogado «ad gustum»).

El término de 60 (sesenta) días del que goza el deudor concursado para negociar un acuerdo con sus acreedores (art. 4). Ergo, por un año (60 + 180 días hábiles), olvidemos toda posibilidad de concertar con el mismo absolutamente nada;

Las ejecuciones de sentencias en los «procesos ejecutivos en general» (art. 6), o sea que nadie podrá cobrar un peso en los juicios deducidos por falta de pago de cheques, pagarés o instrumentos análogos;

Las «ejecuciones especiales con garantía real, sean judiciales o extrajudiciales» (art. 6), lo que quiere que «olvidémonos» de recuperar a corto plazo los créditos hipotecarios o prendarios, y de que alguien preste a ningún mortal -de aquí en más-un solo dólar para comprar con financiación una casa o un auto;

Las «ejecuciones especiales... previstas en la Ley 24.411» (art. 6), lo que habrá de pulverizar las operaciones de «leasing» (mobiliario e inmobiliario), y los fideicomisos, destruyendo así la utilización de estos modernos instrumentos financieros.

Como la ley es de «orden público» (art. 10) a raíz de lo cual no podrá ser dejada sin efecto por voluntad de las partes, salvo existencia judicial de inconstitucionalidad declarada, lo que han hecho los legisladores que concibieron esta normativa que nos retrotrae a la peor y más triste época de la República Argentina fue acelerar la velocidad de cambio, porque, con el remanido argumento de paliar la «emergencia social y productiva originada en la situación de crisis económica existente en el país» (art. 1), y si este proyecto es aprobado en Senadores, no habrán hecho otra cosa que agilizar la voladura del sistema económico, hoy en irreversible proceso de resquebrajamiento.

¿O es que alguien sensato puede creer que, si el que coloca o posee fondos en los bancos no puede retirarlos y si presta y no le pagan no puede ejecutar a su deudor, existirá quien invierta un solo dólar en la República o financie un solo peso sabiendo anticipadamente que el recupero de su crédito está librado al puro y exclusivo arbi-trio de una legislación irresponsable?

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