Terminar con el pacto de Olivos

Su resultado fue la reforma constitucional de 1994, que desarticuló el funcionamiento de la Constitución histórica de 1853-'60, y tuvo como finalidades principales: para el peronismo, la reelección del presidente, y para el radicalismo, el tercer senador por la minoría. Para disimular esas aspiraciones dieron nacimiento, además, al Consejo de la Magistratura, la autonomía de Buenos Aires, el defensor del pueblo, la Auditoría General de la Nación, el Ministerio Público extrapoder, el jefe de Gabinete, la coparticipación obligatoria de todos los impuestos nacionales y la expresa constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia o delegados, además de un sinnúmero de formalidades que no tienen relevancia práctica o son cosas que ya estaban resueltas por la jurisprudencia y cuyos pocos aspectos útiles pueden disponerse por vía legislativa.

El conjunto de esas reformas realizadas en el pico de la euforia posconvertibilidad aumentó el gasto de la política en unos u$s 400 a u$s 500 millones por año, que con el efecto espejo de las reformas en las constituciones provinciales puede elevarse dramáticamente, habiendo estimaciones que situaban el gasto de «la política» en unos u$s 5.000 millones anuales antes de la devaluación.

Fue así que desde la segunda presidencia de Menem hasta el interinato de Duhalde, se ha batido el récord de decretos de necesidad y urgencia y delegados (de los que sólo unos pocos fueron realmente urgentes), sin que ello sea atribuible a razones o sinrazones políticas o gustos personales, desdibujando completamente la división de poderes. Fue notable ver que tal proceder, sin embargo, no alcanzó a evitar el deterioro de la autoridad presidencial y su consecuente descrédito, que ya costó la primera caída de un presidente constitucional desde la reinstitucionalización del país, en 1983.

Es cierto que no fue un golpe militar sino uno de carácter civil el que lo tumbó, pero lo relevante es que quienes lo despojaron del poder también desconocieron las garantías constitucionales de los ciudadanos consagradas en la primera parte de la Constitución, ésa que ni siquiera los autores del pacto de Olivos se animaron a tocar directamente.

Lo cierto es que hace más de cinco meses tenemos un presidente que nadie votó, que gobierna en gran medida por decreto pese a gozar de un amplio apoyo legislativo y que no duda en violar las garantías de los ciudadanos que se oponen a sus designios, que, para peor, no sabe cuáles son o no transmite con claridad.