El año 2020 será desafiante, especialmente porque habrá que buscar que la economía vuelva a crecer y a generar empleo luego de casi de una década de estancamiento. La tarea no será sencilla, porque el país está sin acceso al crédito y al borde de una nueva reestructuración de la deuda, las reservas internacionales son escasas y ha vuelto el tan vapuleado cepo cambiario, el déficit fiscal ronda el 4% del PBI y no hay cómo financiarlo, mientras que la inflación se ha escapado a niveles del 50% anual.
Dentro de este panorama sombrío y desafiante existen algunos aspectos que facilitarían una gradual normalización de la economía. Por un lado, ya se observa una gran mejoría en las cuentas externas como resultado de que hay un superávit del balance comercial del balance de pagos de unos 12.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, no se observa que haya atraso cambiario, como era claramente el caso en otras crisis, dado que en gran parte el tipo de cambio se ha corregido con las sucesivas devaluaciones. Es cierto que hay una brecha entre el tipo de cambio oficial respecto del contado con liquidación, pero se da un contexto de un tipo de cambio oficial que es competitivo.
También ha habido una mejora en los últimos años en las cuentas fiscales, y por primera vez en una década el Tesoro está muy cerca de lograr un equilibrio en las cuentas primarias (o sea, antes del pago de intereses), donde el déficit de este año habrá caído a un punto del PBI. Si bien en los próximos años hará falta un superávit de al menos dos puntos del PBI, queda claro que ya se ha recorrido una parte importante del camino.
Otro aspecto positivo es que el sistema bancario se mantiene solvente y con liquidez; basta resaltar que ha podido enfrentar una muy fuerte corrida de los depósitos en dólares sin ningún tipo de dificultad. Una situación muy diferente de la crisis de 2001.
Por último, es un hecho positivo que las tasas de interés en los países desarrollados son muy bajas, que incluyen tasas nominales negativas en gran parte de Europa, algo nunca visto, y rendimientos en los países emergentes muy bajos. Este es, sin duda, un contexto muy favorable para conseguir un acuerdo con los tenedores de bonos.
Pero dados los desafíos actuales, la gran pregunta a esta altura, y pensando en las perspectivas para el año 2020, es si se puede lograr que la economía entre en un sendero de crecimiento sostenido. Esto no será fácil, ya que no hay espacio para estimular la actividad vía expansión fiscal debido a que el déficit ya es elevado y que no hay acceso a financiamiento. Tampoco parece fácil realizar un estímulo monetario, dado que estamos en un entorno de alta inflación en el que una mayor emisión de dinero puede tener más impacto en el tipo de cambio y los precios que en el nivel de actividad.
Por lo tanto, la bala de plata para estimular la economía pareciera ser recuperar la confianza y que vuelva el financiamiento, para lo cual hay que resolver los dilemas de la deuda.
El riesgo-país hoy se mantiene por encima de los 2.000 puntos y el Tesoro no tiene acceso al crédito ni en pesos ni en dólares. Todo indica que una nueva reestructuración de la deuda pública será inevitable, aunque seguramente será menos confrontativa y con menos quita de la que hubo en la de 2005.
Es necesario una reestructuración más amigable, porque sin el acceso al crédito externo va a ser muy difícil financiar las inversiones que el país requiere y lograr conseguir los dólares para pagarle al FMI. Al mismo tiempo, esa negociación sería viable porque los bonistas están resignados a una nueva reestructuración y pareciera que están dispuestos a acompañarla si los términos son razonables.
Se espera que el FMI sea, como lo ha sido en Uruguay, en Ucrania y en Grecia, un actor central en la negociación con los bonistas, especialmente en el armado del programa macroeconómico con metas fiscales y monetarias de mediano plazo, y en el análisis de la capacidad de pago del país y la sostenibilidad de la deuda. Pero la negociación con el Fondo seguramente va a ser difícil y va a llevar tiempo, especialmente porque Washington no va a querer un nuevo fracaso en la Argentina, y el nuevo Gobierno va a pedir tiempo para hacer el ajuste fiscal.
Una negociación larga y compleja, como la que se anticipa, pondrá al próximo Gobierno ante un gran dilema. Una opción es esperar a cerrar un acuerdo con el FMI para luego negociar con los bonistas, o alternativamente, en el ínterin busca llegar a un acuerdo con los bonistas, quienes seguramente para aceptar una quita en los pagos de intereses o extender los plazos de los bonos van a preguntar cómo se aseguran que esta vez va a ser diferente. Pero incluso con los privados, la discusión se va a centrar en el esfuerzo fiscal que la Argentina esté dispuesta a hacer para mejorar su capacidad de pago. Que va a ser la misma pregunta que va a hacer el FMI.
Una reestructuración exitosa de la deuda debería ser el punto de partida para que el país pueda volver a crecer con equilibrio macroeconómico y social. Además, ya mencionamos factores que deberían facilitar el ajuste, con lo cual, con el acceso al crédito y con mayor confianza se pueden atacar otros problemas de fondo como la reducción de la pobreza, la baja en la inflación y el estímulo a las inversiones de largo plazo.
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