El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, encabezó una denuncia pública contra el Instituto Nacional de Colonización (INC), en relación a la polémica adquisición de la Estancia María Dolores, de 4.404 hectáreas en Florida, valuada en 32,5 millones de dólares, y cuestionada por Tribunal de Cuentas de la República (TCR) por varias irregularidades.
ARU cuestiona la compra de Estancia María Dolores y advierte que "se está rompiendo el sistema productivo"
Rafael Ferber aseguró que el campo no podrá producir lo mismo que antes y exigió respuestas a Colonización.
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La Asociación Rural del Uruguay advierte que se desvirtúan los fines sociales y productivos y reclama detalles sobre la compra de la estancia María Dolores.
"Queremos saber a fondo qué ha pasado ahí adentro y qué se ha hecho bien o mal, que se cumplan los dos roles principales de Colonización, que son lo social y productivo. Una colonia debe ser social para aceptar gente en el campo pero también tiene que producir, no podemos subsidiar", declaró Ferber, advirtiendo sobre la falta de equilibrio entre asignaciones sociales y eficiencia productiva en la ejecución del proyecto.
El dirigente rural expresó preocupación ante la forma en que se han distribuido las tierras: "Desde Colonización nos preocupa mucho que las fracciones se asignen en propiedad, se compra … se asigna, lo compra un colono … se asienta, se compra otro y llegamos a estos números absurdos de 600.000 hectáreas en propiedad". La acumulación de extensiones en pocas manos contradice el objetivo original de repartir tierra productiva.
Ferber también evaluó negativamente la operativa económica del predio: "Nosotros dijimos que es un campo que productivamente no va a poder superar lo que producía, no va a pagar sobretasa de patrimonio, no va a pagar todos los impuestos que pagaba… se va a armar de otra forma, se tiene que romper el sistema productivo porque no hay forma". Este análisis es en alusión al riesgo fiscal y productivo que implica la compra para el Estado.
La compra polémica de tierras
La compra de María Dolores fue aprobada por el INC en una sesión donde se reunieron solo tres de los cinco votos, aunque la Constitución exige cuatro para este tipo de compras.
El TCR formuló cuatro observaciones formales sobre el procedimiento y le exigió al INC pausar la firma durante diez días para revisar cuestiones como disponibilidad presupuestal, validez legal de la oferta y garantía de riego del campo.
El presidente del INC, Alejandro Henry Rodríguez, defendió la continuidad del proceso. Los valores involucrados superan los 7.300 dólares por hectárea, ubicándose por encima del promedio de predios similares en Florida, lo que motivó cuestionamientos sobre sobrecostos y razonabilidad económica.
El INC no había explicado claramente el modelo productivo planificado para el campo, ni cómo se garantizaría un desarrollo compatible con los objetivos de Colonización (productividad y equidad)
Ferber advierte que la acumulación de 600.000 hectáreas en manos de colonos eléctricos compromete la estructura legal y estratégica del organismo, que debería promover acceso equitativo a la tierra y no la concentración privada.
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