Los dos jóvenes detenidos como sospechosos del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, serían integrantes de la banda criminal Los Albín, brazo ejecutor de las operaciones de Sebastián Marset en Uruguay, de acuerdo a la principal hipótesis que maneja la Justicia.
Los dos detenidos por el ataque a Mónica Ferrero serían parte de la red de Sebastián Marset
La principal hipótesis indica que los sospechosos pertenecen a la banda Los Albín, que perdió u$s 60 millones en cocaína en un operativo de la Justicia.
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Los dos detenidos por el atentado pertenecerían a la red del narcotraficante Sebastián Marset.
El hombre y la mujer, ambos mayores de edad, habrían ejecutado el ataque en venganza por la incautación de 2,2 toneladas de cocaína valuadas en 13 millones de dólares localmente, pero que podrían haber alcanzado 60 millones de dólares una vez colocadas en Europa.
El ataque ocurrió a las 5 cuando dos delincuentes ingresaron al predio de la casa de Ferrero por una azotea. Además de disparar al menos dos veces, causaron una explosión con un artefacto desconocido.
La fiscal de Corte se encontraba en el interior con familiares pero nadie resultó herido. Aunque había custodia policial, los funcionarios estaban en el frente de la casa y no advirtieron el ingreso. Los detenidos circulaban en un Volkswagen Bora negro que los investigadores presumen fue el vehículo de escape tras abandonar e incendiar la camioneta blanca utilizada en el ataque. Los vehículos fueron ubicados tras trabajos de inteligencia del Área de Análisis de la Brigada de Automotores y la Dirección de Investigaciones.
La investigación actual apunta a que el atentado fue una represalia por el mega operativo "Nueva Era" desarrollado en agosto, cuando se decomisó el cargamento de droga, parte del cual estaba enterrado en una chacra de Punta Espinillo. En ese entonces se detuvo a seis personas vinculadas con Los Albín.
El antecedente político de Marset
Marset ya había generado una crisis institucional en octubre de 2021 cuando fue arrestado en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por utilizar un pasaporte falso para viajar a Turquía. Durante su detención, Marset solicitó un pasaporte uruguayo a través de su abogado, Alejandro Balbi. El 31 de octubre de 2021, la Cancillería uruguaya emitió una carta oficial en inglés, firmada por el embajador Álvaro Ceriani, en la que se indicaba que Marset estaba en condiciones de tramitar un pasaporte uruguayo una vez que saliera de prisión.
Esta carta fue utilizada por la defensa de Marset para argumentar que no tenía necesidad de utilizar un pasaporte falso, ya que podía obtener uno legal de Uruguay. Gracias a esta gestión, Marset fue liberado en diciembre de 2021, tras ser absuelto en juicio, y pudo abandonar EAU antes de que se emitiera una requisitoria internacional en su contra.
El caso reveló fallas en la coordinación gubernamental: el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, había consultado por correo el 21 de septiembre si Marset estaba detenido, conociendo que era un narco "peligroso y pesado". Sin embargo, cuando volvió a preguntar el 3 de noviembre, la vicecanciller Carolina Ache le confirmó la detención pero no le informó que se había gestionado documentación oficial.
El escándalo derivó en una crisis política sin precedentes que provocó la renuncia del canciller uruguayo, Francisco Bustillo, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, Maciel y el asesor y vocero político Roberto Lafluf de Luis Lacalle Pou, además de la vicecanciller Ache en 2022.
Aunque las autoridades de Emiratos aclararon posteriormente que Marset fue liberado por falta de pruebas y no específicamente por el documento uruguayo, el caso evidenció la capacidad del narcotraficante para utilizar las instituciones del Estado en su beneficio.
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