Siguen las acusaciones por un "boicot" y presiones empresariales en el caso Cardama

El senador blanco Javier García afirmó que detrás de la causa operan intereses económicos que buscan "demoler lo hecho" durante la gestión anterior.

El senador Javier García denunció presiones empresariales en el caso Cardama.

El senador del Partido Nacional (PN), Javier García, acusó al gobierno de Yamandú Orsi de impulsar un "boicot" al contrato con el astillero español Cardama y advirtió sobre la existencia de intereses económicos que buscan “demoler lo hecho” durante la gestión de Luis Lacalle Pou.

García sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato con el astillero carece de fundamentos técnicos o jurídicos y responde a motivaciones políticas. “Hasta el día de hoy nadie ha dicho que el contrato no se ha cumplido. No hay ningún informe técnico que indique incumplimiento”, afirmó en declaraciones a Informativo Sarandí.

El legislador apuntó contra el gobierno por invocar observaciones del estudio jurídico Delpiazzo sobre un alerta contra la empresa durante la gestión anterior, cuando —según dijo— ese mismo asesor recomendó continuar con el proceso tras la presentación de la garantía. “Si el gobierno decide cancelar un contrato por un detalle accesorio, como una garantía, es porque hay un objetivo político detrás”, advirtió. La causa sobre presunto fraude en la garantía para las patrullas oceánicas está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos.

El exministro de Defensa también cuestionó la falta de comunicación directa con la empresa española. Recordó que el dueño del astillero estuvo recientemente en Montevideo y coincidieron con las autoridades nacionales en una celebración realizada por la Embajada de España, donde no le realizaron advertencias ni objeciones. “Estuvo a un metro y medio de las autoridades. ¿Por qué no le dijeron nada?”, se preguntó García.

Lobbies y presiones empresariales

El senador blanco afirmó que detrás del conflicto existen “presiones empresariales” que históricamente han interferido en los procesos de adquisición de patrulleras oceánicas. “Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio hubo lobbies empresariales que frenaron las compras. Hoy esas mismas presiones están actuando otra vez”, expresó.

En esa línea, sostuvo que las presiones económicas “son una variable constante en las grandes compras del Estado” y que su influencia atenta contra las decisiones soberanas del país. A su entender, el caso Cardama es una muestra más de esos intereses que buscan incidir en la política de defensa nacional.

García reconoció además que la relación del Partido Nacional con el Frente Amplio (FA) “no atraviesa su mejor momento”, aunque confió en que la tensión sea pasajera. "Estamos recién comenzando un gobierno y este nivel de enfrentamiento que ha decidido llevar el gobierno no es buena cosa, porque si esto va en ocho meses, lo que queda...", destacó García. “Espero que este mal relacionamiento con el gobierno sea momentáneo”, afirmó.

En cuanto al presidente, señaló que en sus declaraciones sobre Cardama no parecía el "Yamandú Orsi que uno conocía y la sociedad reconocía" debido a que registró "palabras duras, tirando cosas al vuelo, lo vi mucho más plantado al ministro de Economía, Gabriel Oddone", mencionó.

La denuncia del gobierno

El contrato con el astillero Cardama fue firmado en 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, e implicaba la construcción de dos patrulleras oceánicas por más de US$ 90 millones. La actual administración, sin embargo, anunció su decisión de rescindir el acuerdo y presentar denuncias penales y civiles, al considerar que la empresa presentó una garantía falsa emitida por una institución en liquidación. Según fuentes oficiales, existen indicios de irregularidades que justificarían la ruptura del vínculo contractual.

García rechazó esa versión y afirmó que la empresa no fue notificada formalmente de ningún incumplimiento antes de la decisión de rescindir. A su juicio, la falta de comunicación y de documentación respaldatoria evidencia que “el gobierno actúa con intencionalidad política y no por razones técnicas”.

"Cuando hay buena fe, usted resuelve. ¿Por qué? Porque el objetivo es la construcción de los barcos. El Estado uruguayo no compra garantías, compra barcos", expresó e insistió en la "mala fe" por parte del gobierno en el tratamiento del caso.