Después de unos primeros 12 meses con desafíos en varios frentes, el presidente Yamandú Orsi encara su segundo año de gobierno que se presenta con oportunidades en materia económica, pero también con la necesidad de aplicar correcciones que, conforme pasa el tiempo, se vuelven cada vez más necesarias. Seguramente con ese tono, entre logros y pendientes, encarará su segundo mensaje esta tarde ante la Asamblea General en el Parlamento.
Yamandú Orsi encara su segundo año con el foco en la inflación, el desafío fiscal y la necesidad de dar señales al sector privado
El tablero económico de 2026 pondrá a prueba la capacidad del gobierno para ordenar las cuentas públicas sin resignar su programa y buscando a la vez sostener la confianza de los inversores.
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El déficit fiscal se mantuvo estable en enero y cerca del 4%
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La actividad económica creció un 1,8% interanual en diciembre
El presidente Yamandú Orsi encara su segundo año de gestión entre la necesidad de correcciones y la búsqueda de consolidar algunos logros.
Entre los principales logros se puede contabilizar la contundente baja de la inflación, que comenzó a tomar forma en la gestión anterior y hoy se consolidó por debajo de la meta fijada por el Banco Central del Uruguay (BCU), así como el incremento del salario real, que creció 2,26% el año pasado, impulsando los montos de las jubilaciones mínimas.
Sin embargo, la economía enciende algunas luces amarillas, con un déficit fiscal que creció y cerró 2025 en 4,9% (excluidos los ingresos de los fideicomisos de la seguridad social), junto con una actividad económica que muestra claras señales de estancamiento, lo que podría obligar una corrección a la baja en las ambiciosas proyecciones de crecimiento trazadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que fueron de 2,6% para el año pasado y de 2,2% para este 2026.
A este contexto se suma un clima de negocios enrarecido por episodios de conflictividad sindical —como los que transcurrieron recientemente en la industria láctea y en el Puerto de Montevideo—, así como los despidos o salidas del país de varias empresas, lo que podría dificultar la llegada de inversiones, un factor clave en la estrategia del Poder Ejecutivo.
La inflación, entre el logro y la mirada a futuro
La baja inflación parece ser el principal punto a destacar del gobierno, ubicándose en el 3,46% anual, un punto porcentual por debajo de la meta del BCU. Sin embargo, este sobrecumplimiento puede tener su impacto negativo en la recaudación, como ya le ocurrió a la administración de Luis Lacalle Pou.
De hecho, el ministro Gabriel Oddone consideró que “es tan inconveniente un incumplimiento de la meta por encima como por debajo", al manifestar la incomodidad del gobierno por el nivel de inflación y un dólar débil a nivel global y local que presiona el Índice de Precios del Consumo (IPC) a la baja, generando impactos negativos en la competitividad.
En este escenario, no son pocos los expertos que llaman a aprovechar el contexto para fijar una nueva meta más ambiciosa, que podría estar en torno al 3%. El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, se mostró cauto al respecto: “Es importante que se respete la meta porque hay una cantidad de decisiones económicas que se tomaron con esa meta y una desviación genera algunos desequilibrios”.
Si bien no descartó una corrección a futuro, consideró que es necesario “esperar a que termine la transición de todos los segmentos de la economía a este nivel del 4,5%”, poniendo como ejemplo a sectores como la educación y la salud privada. De hecho, hay una diferencia notable entre los precios transables, bastante por debajo del 3% de la mano del dólar, y los no transables, cercanos al techo del 6%.
Mientras tanto, las expectativas de los agentes económicos se acercan cada vez más a la meta, ubicándose en 4,85% a dos años. Si bien los analistas y los mercados financieros están prácticamente alineados con el objetivo, los empresarios muestran todavía cierto rezago en sus previsiones, a pesar de haberlas reducido hasta el 5%, su mínimo histórico y ubicarse 1,5 puntos porcentuales menos que hace tres trimestres.
Así, el escenario parece propicio para que este año siga avanzando la fase expansiva de la política monetaria, con un proceso de reducción de tasas, mientras el IPC, después de un primer trimestre a la baja y con riesgos de perforar el rango de tolerancia, se alinearía en torno al 4,5%.
La capacidad de maniobra ante un dólar que erosiona la competitividad
Con un dólar que llegó a perforar los 38 pesos en el inicio del año y que arrastró durante el año pasado una depreciación de 11,40%, presionado por factores de la coyuntura global, pero principalmente por una divisa estadounidense que se debilitó en todo el mundo, el tipo de cambio asoma como un factor clave para la competitividad del sector productivo.
Las críticas por atraso cambiario se volvieron recurrentes en las últimas semanas y una caída del dólar mayor en Uruguay que en el resto del mundo obligó al BCU a anticipar su proceso de reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM), al tiempo que el MEF contribuyó con la compra de dólar futuro y una profundización de la estrategia de financiamiento en pesos en el mercado doméstico.
Con un Tipo de Cambio Real (TCR) que cede y una rentabilidad exportadora que pierde terreno, el sector privado estará atento puntualmente al desempeño de la moneda estadounidense y a las señales que brinde el gobierno para evitar que los costos en pesos se sigan encareciendo y complicando la producción.
Las dificultades para revertir el deterioro del déficit fiscal
Si bien el resultado de las cuentas públicas fue del 4,1% el año pasado, en línea con lo esperado por el MEF, la leve reducción hacia el 4% prevista para este año podría no darse, complicando la trayectoria descendente trazada en el Presupuesto, que ubica el déficit en 2,6% para 2029.
Son varios los expertos que pusieron la mira en el nivel de gasto público, que impulsó el rojo de las cuentas públicas en 2025 —sumado a algunos pagos atrasados correspondientes a 2024 que fueron debidamente señalados por el ministro Oddone—, frente a una recaudación que se viene desacelerando y puede comprometer los ingresos, a la espera de los efectos de los cambios tributarios del Presupuesto —que se verán reflejados en 2027—y la mayor eficiencia recaudatoria que impulsa la DGI.
Uruguay mantiene con creces el Grado Inversor, con perspectiva estable para la mayoría de las agencias calificadoras, que de todas maneras anticipan que el resultado de las cuentas públicas es el principal riesgo para una rebaja, entre las presiones del gasto y la posible sobreestimación de ingresos por una inflación más baja que lo esperado.
Esto supone un problema que deberá afrontar el Ejecutivo en un panorama prefijado de aumento del gasto público, en el marco del programa que pretende impulsar el Frente Amplio (FA), con la aceleración del crecimiento y el combate de la pobreza como prioridades.
Incluso, pensando a largo plazo, el Ejecutivo contempla que la mejora en las cuentas llegaría en el tramo final del mandato de Orsi, lo que supone un riesgo de ejecución, ya que numerosos estudios demuestran que el déficit suele deteriorarse en la previa a las elecciones y, si bien el MEF anticipa la reducción de un punto porcentual entre 2027 y 2028, se espera una reducción adicional de cuatro décimas en un 2029 electoral.
La presión de un crecimiento menor al esperado
Otro factor decisivo para la suerte de la gestión es la tasa de crecimiento. La variación del PIB de 2025 fue menor al 2,6% que esperaba el gobierno y según el Indicador Mensual de Actividad Económica( IMAE) quedó en 1,8%. Además, hay consenso en los diferentes actores que la economía avanzará a un ritmo menor al planificado en el Presupuesto, más cercano al 2%, según las últimas revisiones de diversos analistas.
Más allá de algunas cuestiones estacionales como la parada de la refinería de Ancap o las de las plantas de celulosa, la actividad económica se desaceleró en el último semestre y su impacto se hará sentir en las cuentas nacionales, cuyo resultado anual será difundido por el BCU el 24 de este mes, oficializando lo que anticiparon los indicadores adelantados.
Este escenario de bajas expectativas se proyecta para el quinquenio y los supuestos trazados por el MEF parecen haber sido demasiado ambiciosos en el contexto actual. La expectativa es que el PIB crezca un 2,2% este año, un 2,4% el siguiente y un 2,5% en los años finales de la gestión.
Sin embargo, el Comité de Expertos (CE) proyectó días atrás una mejora por debajo del 2%, alcanzando ese número recién al final de la gestión, mirada que va en línea con los analistas que consulta el Banco Central, de manera que el gobierno podría ajustar esas previsiones en la Rendición de Cuentas de Junio.
Ante esta situación, frenar la desaceleración y apuntalar a la economía será un desafío central para la gestión Orsi, que pretende reforzar el concepto de Uruguay como destino ideal para invertir, sobre todo en un complejo contexto internacional donde otros países de la región también se reposicionan para captar capitales globales.
Cómo dar señales ante un clima de negocios enrarecido
Otro desafío que irrumpió en la escena es el de mantener el clima de negocios de Uruguay, históricamente favorable para captar inversiones. La salida o el anuncio de reestructura de empresas internacionales, como ocurrió recientemente con UKG, BASF y Sabre —con inicio hace más de un año tras la salida de la multinacional japonesa Yazaki—, se suma a conflictos sindicales en diferentes industrias y que afectaron recurrentemente en los últimos al Puerto de Montevideo, comprometiendo la reputación internacional y poniendo en jaque uno de los activos nacionales.
Si bien algunas de las reestructuras empresariales obedecen a estrategias internacionales, según aluden las firmas en cuestión, no deja de ser una señal negativa para el entorno de negocios, que se viene deteriorando. Así lo recogió la encuesta semestral de Exante, que reflejó un deterioro hasta niveles similares a la pandemia, mientras que también lo hizo un informe de KPMG, que advirtió que, más allá de las ventajas que suponen la seguridad jurídica y la estabilidad macroeconómica, preocupan los altos costos, el atraso cambiario y la creciente conflictividad sindical.
En este rubro, se registran señales mixtas del Ejecutivo. Algunas preocupan al sector privado como el proyecto de ley que impulsa el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo para el preaviso de despidos, junto con la posibilidad de habilitar un debate de largo plazo sobre la reducción de la jornada laboral, el impuesto al 1% más rico y eventuales cambios en el sistema previsional, ante los recurrentes reclamos del PIT-CNT, que realizó dos paros generales en el primer año de gestión del FA.
Otras medidas son vistas con mayor atractivo. Desde la estrategia en materia de comercio exterior para impulsar las relaciones comerciales y de cooperación, que incluyeron hitos como la misión oficial a China, la firma del acuerdo Mercosur-UE y para este año se esperan avances del bloque regional con EFTA y la puja de Uruguay por colocar sus productos en el Sudeste Asiático, sea mediante la adhesión al Cptpp o incluso al RCEP.
Otro eje positivo son los recurrentes esfuerzos del MEF por lograr un mayor dinamismo, contando entre ellos los cambios en el régimen de promoción de inversiones, así como la promesa de avanzar en las próximas semanas en el Parlamento con reformas que mejoren la competitividad y agilicen algunos trámites internos, un recurrente pedido del sector productivo.
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