Por Eduardo S. Barcesat, especial para ámbito.com.-
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Han sido diez años muy intensos en materia de derechos humanos. Hay hitos que corresponde dejar señalados.
Comienzo por la anulación de las leyes 23.492 y 23.521, llamadas de "punto final" y "obediencia debida", normas arrancadas del Congreso de la Nación bajo punta de pistola por el movimiento "carapintada" y que pusieron en jaque al Gobierno al inicio de la transición democrática. Normas de impunidad que formaron parte de lo atroz y aberrante del terrorismo de Estado. Peor aún, que antes de ser anuladas, como correspondía, fueron derogadas por el gobierno de la Alianza, fantochada institucional que posibilitó grandes ejercicios de oratoria parlamentaria al tiempo que se posibilitaba, dándoles a esas leyes un último barniz de legalidad, que cumplieran los deletéreos efectos de la impunidad bajo el ropaje de la ley penal más benigna. Siguió la nulidad de los indultos presidenciales y se restableció el espacio normativo-institucional en el que debían operar los valores de Verdad y Justicia.
El conocimiento y decisión sobre los crímenes de lesa humanidad van cumpliendo su misión institucional: arrojar luz sobre los delitos más gravosos de nuestra historia institucional y avanzan hacia la determinación de las responsabilidades de los personeros civiles de la dictadura cívico-militar. Sólo el tiempo obra en contra de la gran reconstrucción en el proceso judiciario de la etapa más criminosa y aberrante de la Nación Argentina. Como todo proceso judiciario lo más importante es que previene el futuro; el futuro institucional en el presente caso.
Pero no se trata solamente de las lesiones a los derechos civiles y políticos. La década se caracteriza también por los avances en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es que se trata de dos conjuntos de derechos que conforman una unidad inescindible. Hay un dato que debe ser puesto de relieve, tanto el Pacto Internacional de la ONU de Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto Internacional de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados con jerarquía de cláusula constitucional (art. 75, inc. 22º, C.N.), se inician con la misma cláusula, la que refiere al derecho de autodeterminación y a la independencia económica de los pueblos, a su titularidad sobre sus riquezas y recursos naturales y a su derecho para establecer sobre su explotación y distribución. Estas cláusulas fueron expresamente invocadas por la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en el discurso del 9 de Julio de 2010. Dijo: "...no hay derecho de autodeterminación pleno sin la necesaria independencia económica..." Esa es la dimensión de la estadista.
Como todo proceso social, el que está en curso debe ampliar su base y sus prácticas para que no haya retrocesos. Más inclusión social, más igualdad en la distribución de la riqueza; crecimiento con igualación es la fórmula.
Cierro la semblanza de estos 10 años haciendo votos para que la Nación Argentina recupere no sólo su soberanía territorial (Islas Malvinas y del Atlántico Sud), sino también su soberanía legislativa y jurisdiccional, entregadas bajo la dictadura cívico-militar y en la década de los 90. Todo contrato internacional que tiene como lugar de ejecución el territorio de la Nación Argentina debe quedar sujeto a las leyes y a la jurisdicción nacional. Es parte del derecho de autodeterminación de nuestro pueblo.
