14 de noviembre 2018 - 16:26

Dalla Vía: "El financiamiento de las campañas es uno de los temas más difíciles"

El titular de la Cámara Nacional Electoral (CNE) Alberto Dalla Vía, en una entrevista con Ámbito Financiero se refirió también al caso de los aportantes truchos y defendió, en medio de la disputa judicial, que la investigación la lleve el fuero electoral.

Alberto Dalla Vía
Alberto Dalla Vía
En una entrevista exclusiva con Ámbito Financiero, Alberto Dalla Vía sostuvo que "la Justicia Penal debería intervenir una vez que el juez electoral haya determinado la existencia de un delito", al referirse a la investigación sobre los aportes a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Sus declaraciones llegan en momentos en que en La Plata el juez penal Ernesto Kreplak busca quedarse con la causa que tiene en la mira a la cúpula bonaerense de Cambiemos por supuestamente haber falseado aportes a la última campaña electoral en Provincia.

Periodista: La proliferación de noticias falsas en redes sociales se coló como un tema urgente en la agenda electoral, ¿qué medidas van a tomar desde la CNE para disuadir su difusión?

Dalla Vía: Todos los tribunales estamos preocupados por esto. En las elecciones en Brasil nuestros colegas nos contaron las dificultades que tuvieron con WhatsApp. Nosotros lo estamos encarando por varias vías. No se trata de violar la libertad de expresión, sino de asegurarla. Por eso estamos en contacto con Google, Facebook y Twitter porque creemos que es necesaria una política de acercamiento. Estamos hablando del nuevo espacio público de la política. Algo que los politólogos llaman la arena. Como antiguamente era la plaza pública o el ágora hoy la arena política son las redes sociales y nos guste o no, el futuro va hacia eso.

P.: Eso requiere un pacto entre varios actores, incluidos los partidos políticos.

D.V.:
La idea es convocar a un acuerdo con la sociedad civil hacia principios del año que viene, antes que se inicie la campaña electoral. Esto no va a ser propiedad de nadie porque estamos hablando del espacio público del debate. Lo que estamos buscando es un pacto de defensa de la democracia en el que van a participar instituciones de la sociedad civil, agrupaciones políticas, influencers y personajes destacadas de los medios. Cuando uno ve lo que pasa en otros países con las fake news, los bots y los trolls en donde se viralizan y se masifican, se requiere mucha imaginación para combatirlas y creo que de a poco vamos a tener que ir pensando en cambios legislativos. Para eso tenemos que tener en cuenta el derecho a la privacidad de los datos, el derecho a la honra de las personas y el derecho a la libertad de expresión.

P.: ¿Están preocupados por posibles denuncias de fraude en las próximas elecciones?

D.V.
: A los jueces electorales cada vez que nos hablan de fraude nos corre frío por la espalda. Durante la campaña, quien está perdiendo en las encuestas sale a decir que va a haber fraude. También se habla de fraude porque hubo alguna irregularidad en la mesa y para nosotros esas irregularidades son incidencias. En la Argentina las incidencias no suelen pasar el 2% del total de la elección. Fraude significa cambiar el resultado de la elección y cuando eso se instala en la opinión pública tenemos que hacer un gran esfuerzo para restaurar la confianza. En definitiva, los sistemas electorales son administraciones de creencias. Tenemos un sistema con boleta papel y lo queremos reformar, pero en las últimas presidenciales el ganador lo hizo por el 2,6% y el resultado fue admitido por todos. Cada uno tiene el sistema en el que confía. Los brasileños confían en el voto electrónico porque tienen un pasado de mucho fraude y los norteamericanos tienen un sistema de una ingenuidad increíble, por ejemplo.

P.: ¿Cuenta la Cámara Electoral con las herramientas para poder mantener la confianza en el sistema electoral?

D.V.
: El año que viene vamos a poner mucha atención en la seguridad informática, lo cual nos implica un desafío en la inversión tecnológica. Nosotros tenemos un presupuesto que depende del Consejo de la Magistratura en sus gastos normales. En época de elecciones dependemos del presupuesto electoral que maneja el Ministerio del Interior. Institucionalmente creemos que ese presupuesto no debería estar en el ministerio más político del Ejecutivo, sino bajo una autoridad neutral.

P.: ¿La opacidad en el financiamiento electoral no afecta también a ese sistema de creencias?

D.V.:
El financiamiento de las campañas es uno de los temas más difíciles en materia electoral. La norma vigente establece un sistema de auditoría a cargo del cuerpo de peritos de la Cámara Nacional Electoral. En eso consiste nuestro control de financiamiento: un control de auditoría contable. Honestamente, tenemos capacidad para dispararle al elefante, pero no tenemos la capacidad para dispararle a la liebre. Para llegar al fondo de estas cuestiones se requiere de una acción coordinada del Estado. No hay que olvidarse que somos un Tribunal y lo que podemos hacer es corroborar mediante informes de peritos las denuncias que hizo un fiscal o un ciudadano y aplicar sanciones si se llega a una conclusión. Además, tenemos que mejorar el sistema porque la ley prevé sanciones a los partidos y la plata va a los candidatos.

P.: Sucede que ese dinero para campañas suele estar en negro.

D.V.:
Por eso nosotros hemos apoyado el proyecto de Ley de Financiamiento que se debate ahora en el Senado para que el dinero se bancarice. Si el dinero está bancarizado, como sucede en casi todo el mundo, se puede seguir la ruta del dinero. Una de las maneras de hacerlo es rastrearlo por transferencia bancaria. Esto va a causar cambios porque en las provincias a veces sucede que el imprentero no acepta cheques de los partidos políticos y entonces le pagan en efectivo. Hay una transición que va a haber que enfrentar. Nos pasó cuando desde la Cámara instamos a que los partidos tuvieran un contador. Antes, juntaban los papeles y los enviaban a la Secretaría Electoral. Si nadie los denunciaba, no había investigación. Cuando ya no dependía de la denuncia de otro partido la cosa cambió y algunos empezaron a poner testaferros para que el responsable de campaña no fuera sancionado.

P.: Interpreto entonces que en las próximas elecciones podría repetirse un caso similar al de los aportantes truchos. ¿Cómo siguen desde la CNE esa denuncia?

D.V.
: El caso de los aportantes truchos está siendo investigado por el juez federal con competencia electoral, Adolfo Ziulu. Creemos que la Justicia Electoral debería tomar la competencia y la Justicia Penal debería intervenir una vez que el juez electoral haya determinado la existencia de un delito. Si solo se abre una causa penal se corre el riesgo de la indiferencia o insignificancia, por eso nosotros apostamos a una persecución más constante. Además, la Justicia electoral tiene una especialización y cuenta con el conocimiento de la trama del procedimiento electoral.

P.: ¿Qué mecanismos existen entonces para evitar otro caso como el de los aportantes truchos?

D.V.
: La sanción de una nueva Ley de Financiamiento sería un paso hacia adelante. Es importante que se llegue al origen de la cuestión, pero el tema hay que verlo como algo estructural. La Constitución en su artículo 38 dice que el Estado contribuirá al sostenimiento de los partidos políticos, no está diciendo que el Estado financiará a los partidos políticos. Quiere decir que la Argentina admite el financiamiento mixto. El Congreso tiene que discutir cuánto de público y cuánto de privado. Me parece una hipocresía prohibir el aporte privado cuando es un secreto a voces que las empresas aportan a las campañas. Establezcamos los límites a los aportes de personas jurídicas en blanco para que los podamos controlar.

P.: ¿Sólo con habilitar los aportes de empresas y obligar a la bancarización se logra transparentar el financiamiento de la política?

D.V.
: Por supuesto que hay que hacer muchas cosas más. Esos son pasos. Estamos hablando de la relación entre dinero y política, una de las relaciones más oscuras que pueden existir en cualquier ámbito. Va desde el crimen organizado hasta medios sofisticados como las criptomonedas, que parece ser una manera de eludir las transferencias internacionales. La realidad nos va corriendo. Seguimos manejando un Ford Falcon y los que hacen transferencias económicas para financiar andan en una Ferrari. Basta ver el cuerpo de peritos de la Cámara Nacional Electoral que cuenta con sólo ocho miembros cuando en la Cámara de Diputados duerme un proyecto con media sanción desde hace más de dos años que elevó ese número a veinticinco. Uno a veces se pregunta si hace falta una ley o es sólo una cuestión política.

P.: Al respecto, varias veces manifestaron también por la falta de jueces electorales en los distritos. ¿Cuánto afectan esas vacantes a la Cámara Nacional Electoral?

D.V.
: Nos afecta mucho. La tarea del juez electoral no es solamente la elección. Las elecciones se preparan en los años en donde no hay elecciones. Los registros son permanentes y además los partidos tienen su vida interna. Es un tema que preocupa y que dista de tener una solución definitiva. En el caso de la provincia de Buenos Aires le hemos dicho al Consejo de la Magistratura que el juez sea puramente electoral y no compartiendo la competencia con otros distritos.

P.: Eso nos lleva a la vacante para completar este mismo Tribunal.

D.V.
: Recordando a Scalabrini Ortiz, en estos momentos soy el hombre que está solo y espera. Mi colega, el Dr. Santiago Corcuera, está en Santo Domingo cumpliendo funciones institucionales en una reunión de OEA. Es un inconveniente desde todo punto de vista: desde tomarse una licencia hasta tener el número para hacer el acuerdo. En la Cámara veníamos haciendo dos acuerdos por semana y ahora lo hemos tenido que reducir a uno. Como se sabe públicamente hay una terna para esta designación. Aguardamos por la decisión del Ejecutivo que ya lleva mucho tiempo y que no se termina de resolver. Sería de nuestro agrado tener el Tribunal conformado.

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