Organizaciones civiles del C20 elevaron recomendaciones sobre educación, trabajo e inclusión al G20

Organizaciones civiles que componen el Civil 20, grupo de afinidad del G20, participaron de distintas reuniones oficiales y en modalidad de "side event" generaron una serie de recomendaciones de cara al G20, sobre políticas públicas que garanticen el derecho a la educación y la transición al mundo del trabajo.

Fundación SES, junto a la Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, coordina el Grupo de Trabajo (GT) "Educación, Empleo e Inclusión" dentro del C20 que lo preside Poder Ciudadano. El grupo estuvo trabajando en el armado de un "policy paper" que será, junto al comunicado final del C20, entregado al G20.

La Educación es un tema que se incluye por vez primera en la agenda del G20, por lo cual se torna indispensable dar relieve a los debates y promover el compromiso de los Estados miembros.

La meta 1 enunciada para el ODS4 -Objetivo para el Desarrollo Sustentable de educación- propone que, para el año 2030, todas las personas terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. 

Para hacer cambios reales, es necesario llevar a cabo cambios estructurales: reformas fiscales que permitan cobrar más impuestos a los que más tienen y distribuir esa renta en los sectores más pobres. Esto supone un proyecto de sociedad, de país donde una educación justa debe estar en consonancia con la construcción de una sociedad justa.

Según estimaciones del FMI, los países que no pertenecen a la OCDE pierden 200 mil millones de dólares al año debido a la transferencia de ganancias de las compañías hacia paraísos fiscales. Si el 20 por ciento de este monto estuviera destinado a la educación, sería suficiente para cubrir la falta de recursos a nivel global y alcanzar la educación para todos y todas. 

Recomendaciones fundamentales de cara al G20 en materia de Educación, Trabajo e Inclusión: 

• Educación integral e inclusiva

La educación debe fomentar la justicia social y la dignidad humana.
Para lograr este objetivo, se deben diseñar currículas y trayectorias educativas que garanticen la calidad, la inclusión, y la equidad.

Se debe apuntar a la justicia educativa, reconociendo la diversidad de contextos y poblaciones.
Para generar inclusión, se fomentará el seguimiento y la certificación de las habilidades socioemocionales y de vida como parte del proyecto de enseñanza, en todos los niveles y modalidades vinculados al contenido curricular.

Mejorar el acceso a la educación superior es la clave para la creación y transferencia de conocimiento, así como para la innovación y el desarrollo socioeconómico de los países y regiones.

Políticas socioeducativas como camino hacia la inclusión, vinculando el sistema educativo con organizaciones de la comunidad y financiamiento adecuado para ese propósito, poniendo en valor la educación no formal en términos pedagógicos y de inclusión. 

• Equidad de género 

Se debe lograr la igualdad de género en la educación, con planes de educación con perspectiva de género, planes de estudio y pedagogía, que incluyan la educación integral en sexualidad, y políticas públicas que apunten a superar la violencia de género relacionada con la institución escolar.

Desarrollar políticas de incentivos, especialmente para las poblaciones vulnerables y que beneficien a las mujeres, para fortalecer su acceso a campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM); 

• Juventud 

Instalar sistemas de seguimiento que garanticen el acceso, la conclusión y la certificación escolar de adolescentes.

sistemas de ingresos para que todos los jóvenes en situación de vulnerabilidad social puedan priorizar la Estimular el rol de las familias madres / padres, como actores para superar las barreras que enfrentan las niñas y las mujeres, asegurando sistemas de ingresos para que todos los jóvenes en situación de vulnerabilidad social puedan priorizar la Educación sobre el trabajó hasta alcanzar la mayoría de edad.

Establecer políticas para fortalecer el liderazgo de los actores clave en el sistema educativo, particularmente estudiantes y docentes, que participen en el diseño educativo, la toma de decisiones y procesos de transformación, reconociendo a los/las adolescentes y jóvenes como agentes de cambio y estimulando su importancia en la definición del conocimiento y habilidades que desean adquirir y las oportunidades a las que desean acceder. 

• Inserción al mundo laboral 

Políticas que ayudan a conectar a los estudiantes con el mundo laboral a través de prácticas educativas. 

• Rol de la docencia

Fortalecer y valorar la profesión docente, reinterpretando sus conocimientos y trayectorias, así como aulas y especializaciones de gestión.

Salarios justos que reflejan la importancia de este rol social.  

Para completar esta misión, también se desarrollaron una serie de recomendaciones sobre políticas de financiamiento público, orientadas a la justicia educativa: 

Se deben asegurar políticas de financiamiento que aseguren los 12 años de educación gratuita, reconociendo que "los esfuerzos para cerrar la brecha de financiación deben comenzar con el financiamiento local "(UNESCO, 2015) y que esto es posible con una mayor justicia asociada con el financiamiento educativo.

Nuevos mecanismos de gobernanza internacional sobre tributación, basado en un sistema equilibrado de derechos y obligaciones, donde la recolección de recursos es progresiva, equitativa, y transparente y garantiza la financiación de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas, logrando altos niveles de equidad socioeconómica en armonía con el entorno.

Mecanismos para prevenir la evasión fiscal y combatir la opacidad tributaria.
Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.
Intangibilidad de los fondos asignados a la educación.
Presupuestos generales sensibles a la equidad que garanticen el acceso y la certificación educativa de 100% de la población en edad escolar.

Diseño de planes de educación con metas y presupuestos anuales desarrollado con la participación de actores clave y en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Acceso transparente a la información sobre el progreso y el gasto presupuestario para garantizar la transparencia.