Estos organismos se hacen en gran medida eco de los reclamos surgidos desde comunidades locales que rechazan la instalación de este tipo de actividad extractiva. En este sentido, los ambientalistas apuntan también contra una legislación federal (la Ley 24.585 está orientada al campo de protección ambiental) que acusan de ser demasiado «débil» en sus regulaciones y que no abre espacios suficientes para ejercer controles y activar la participación ciudadana. En paralelo, algunos gobiernos provinciales activaron la reformulación de las normas locales para regular la actividad, como es el caso de Chubut. Crecimiento El número de activos mineros en el país supera en la actualidad en más de 400% la cantidad de proyectos existentes en 2003 y que se espera durante este año alcanzar un número superior a los 250 emprendimientos, según se desprende de la información brindada ayer por la Secretaría que dirige Jorge Mayoral. La actividad exploratoria logró triplicar el volumen de reservas minerales de la Argentina, por lo que el gobierno calcula que de aquí a tres años se habrán radicado inversiones por u$s 6.000 millones, destinadas a la construcción de al menos 10 nuevos proyectos, entre los que se encuentran San José, Manantial Espejo, Pascua Lama, Pachón y Agua Rica, entre otros. Este proceso exploratorio, que tuvo su pico histórico en 2005, con 400 mil metros de perforaciones y $ 2.500 millones en inversiones de países como Australia, Brasil, Canadá, Bolivia, Sudáfrica, Perú, China y Chile, entre otros, continúa en crecimiento y se espera para el año en curso un nuevo récord en esta actividad con alrededor de 500 mil metros perforados. A raíz de la actividad minera, en el último bienio el empleo directo creció más de 50% y el empleo indirecto se ubicó por arriba de 48%, entre bienes y servicios, en tanto la ocupación de profesionales en la actividad minera argentina es total, según indica el gobierno federal. La suma de los recursos incide además de manera importante en el Producto Bruto Interno. En impuestos coparticipables y recaudación directa, la actividad minera aportó en 2005 más de $ 1.200 millones a la recaudación global del país. El éxito de la actividad, fundamentalmente la extracción de oro, está directamente relacionado con los altos valores de mercado de este mineral. Ante este desarrollo de la actividad minera, los planteos ambientalistas al respecto son puntuales. «Existe una debilidad en la legislación nacional en materia de medioambiente, tanto en la Ley 24.585 como en el Código de Minería, que son demasiado generales sobre este tema», indicó a este diario Eduardo Sosa, representante de la Asociación Oikos Red Ambiental, que agrega: «No se hace hincapié sobre controles y participación ciudadana». Por su parte, se advierte también sobre falencias a nivel provincial, los gobiernos que tienen la potestad sobre la actividad minera. «Falta personal técnico y equipamientos para el control y, en general, no hay un ente en las provincias que pueda controlar o apercibir a las empresas mineras», indicó Sosa, quien entiende que en la mayoría de los casos «el tema ambiental queda librado a la buena voluntad de las empresas». Por su parte, también se hace mención a la poca capacidad de control del Estado en relación con los materiales que se extraen: «Suele suceder que la única constancia que tienen las provincias es la declaración jurada de la propia empresa», asegura Sosa. Los problemas ambientales relacionados con la minería se vinculan con aquellas explotaciones metalíferas que utilizan cianuro. En la actualidad la mina más grande del país es Bajo La Alumbrera, en Andalgalá, Catamarca, explotada por Minera Alumbrera SA, de capitales australianos, que cuenta también con participación del Estado de Catamarca y la Nación a través de Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio. A mediados de junio, la rotura de un mineraloducto de este yacimiento de oro, cobre y plata provocó un derrame de líquido que obligó a intervenir a la Justicia, ante los reclamos de vecinos, que denunciaron contaminación en el paraje El Carrizal. El segundo proyecto en importancia dentro del país es Veladero (oro), en el Distrito Frontera, a 4.850 metros de altura, en San Juan, a cargo de la empresa canadiense Barrick Gold, que también tiene a su cargo el proyecto Pascua Lama, en la misma provincia, con una inversión estimada en u$s 1.500 millones. En este mismo distrito cuyano, una resistencia a la actividad minera se dio en el departamento cordillerano de Calingasta, en la turística localidad de Barreal, famosa por el observatorio Casleo y la denominada Pampa El Leoncito. Allí los vecinos lograron frenar los intentos para desarrollar en el cerro Mercedario una importante explotación metalífera y se impulsa actualmente un plebiscito no vinculante para pronunciarse por sí o por no respecto de la minería en los valles.
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