El procurador general de la Nación, Esteban Righi, dictaminó que la demanda de San Luis contra la Nación por la quita en las retenciones a las exportaciones agropecuarias puede llegar a la Corte Suprema. Santa Fe, en tanto, anunció que con este antecedente podría realizar una presentación similar. Righi consideró que la presentación judicial es oportuna porque durante los últimos seis años el Estado nacional le transfirió a la provincia 250 millones de pesos menos y también reclamó la inconstitucionalidad del sistema de retenciones móviles porque afecta la coparticipación federal de impuestos. Se trata de la primera provincia que presenta un reclamo judicial por las retenciones al agro para que se coparticipe su recaudación. Por eso no se descarta que esta avanzada siente un precedente para que otros distritos realicen el mismo reclamo.
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La demanda dice textualmente que «se considera absurdo el sistema de retenciones móviles ya que el uso y abuso de recursos impositivos provoca efectos absolutamente distorsivos de la economía y de la política nacional: desalienta a los sectores productivos más dinámicos del país, empobrecen a las provincias, debilitan el federalismo, imponen el unitarismo fiscal, favorecen la utilización arbitraria de ingentes recursos por parte de las autoridades nacionales, incentivando el clientelismo político, el condicionamiento de las autoridades provinciales, su sujeción al poder central y la corrupción del régimen representativo». Con las cosechas de este año y el nuevo esquema de retenciones a las exportaciones a los granos, el gobierno nacional se llevará 400 millones de pesos de la provincia de San Luis, y no volverá ni un peso en obras o aportes para desarrollo. El planteo, patrocinado por Rodolfo Barra, sostiene que «las retenciones afectan la coparticipación federal de impuestos generando para la provincia una ilegítima e importante disminución de sus recursos».
Presentación
La presentación judicial, anunciada el 1 de abril por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, cuando pronunció su mensaje ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias, fue presentada la semana pasada ante la Corte Suprema en un escrito de más de 60 fojas. La acción de inconstitucionalidad promovida por el ex candidato presidencial del Frente Justicia, Unión y Libertad (FreJuLi) pide «declarar la inconstitucionalidad de todos los Derechos de Exportación (DE) que hayan sido establecidos por el Estado nacional (Poder Ejecutivo de la Nación) a partir del 1 de enero de 2002, no existentes a la fecha de vigencia de la reforma constitucional de 1994. Se declare también la inconstitucionalidad de las leyes de prórroga de la declaración de emergencia». Para el jefe del peronismo antikirchnerista, el uso abusivo de recursos impositivos como las retenciones provoca efectos distorsivos de la economía y de la política nacional. Entre las consecuencias más negativas, Rodríguez Saá menciona el desaliento a los sectores productivos más dinámicos del país, empobrecimiento a las provincias, debilidad del federalismo, el unitarismo fiscal, la utilización arbitraria de ingentes recursos por parte de las autoridades nacionales, incentivando el «clientelismo» político, el condicionamiento de las autoridades provinciales y su sometimiento al poder central.
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