La empresa UPM (ex Botnia) suspendió su actividad por 20 días, al llegar al tope de los niveles de productividad, tal como lo había requerido la semana pasada el Gobierno uruguayo.
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Según explicó el director de Medio Ambiente oriental, Jorge Rucks, UPM tiene una autorización de producción que marca un tope anual de un millón de toneladas de celulosa. «Se estableció un margen determinado por los niveles de productividad, con posibilidad de llegar hasta 1.111.200 toneladas por año, y una vez llegado a ese tope, la planta debe realizar una revisión general de sus instrumentos, equipos e instalaciones», explicó.
El jueves pasado, las autoridades uruguayas pidieron a la compañía finlandesa que adelantara el período de mantenimiento de sus máquinas al haber llegado al límite de producción autorizado para este período.
La empresa tenía programado paralizar sus actividades a fines de este mes, pero alteró en unos días su cronograma dentro de la planificación y los términos del acuerdo que tiene con el Gobierno de Uruguay.
Expectativa
En este contexto, los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro revelaron ayer en Montevideo que el 2 de noviembre estará listo el informe del comité científico uruguayo-argentino que analiza el impacto ambiental sobre el río Uruguay como consecuencia del funcionamiento de establecimientos industriales en sus riberas.
Los cancilleres coincidieron en señalar que es momento de «dejar actuar» a la ciencia en este tema que enfrió las relaciones bilaterales durante casi cinco años, hasta el acuerdo al que llegaron los presidentes José Mujica y Cristina de Kirchner.
A partir de este primer informe científico «se comenzará a trabajar en el futuro del monitoreo» de ese cauce de agua, que es uno de los límites naturales entre los dos países sudamericanos.
El asunto «está en manos del comité científico» al que hay que dejar trabajar. Hay que respetar el silencio y no contribuir con puntos de vista políticos para no interferir con lo que ya hablaron los presidentes», remarcó Timerman.
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