Denuncian corrupción en Banco de Córdoba

«Hay indicios de otras situaciones como ésta, pero necesitamos más pruebas comprobantes para oficializar nuevas denuncias», afirmó ayer a este diario el director del Banco de Córdoba, Daniel Robles. Respaldo
La denuncia cuenta con el apoyo del gobernador José Manuel de la Sota -según señaló Robles- y apunta a esclarecer las graves anormalidades que afectaron al banco durante los últimos años, en lo que habría funcionado como un supuesto negociado para varios procuradores, que generó importantes pérdidas económicas que aún no pudieron ser calculadas.
Fuentes del Banco de Córdoba resumieron la situación señalando que «el banco encomienda a sus abogados el cobro judicial de los créditos, pero no cobra nada y sus abogados perciben honorarios. Por su parte, el deudor sigue tranquilo y sin problemas».
El caso más importante de los denunciados ayer es el que implica a Obregón Cano, en una causa que se inició en 1995 cuando el entonces Banco Social comenzó la ejecución hipotecaria contra JC Producciones SRL (Juan Carlos Colombero), del Hotel Grand Prix de Villa Carlos Paz.
El proceso fue continuado por el Banco de Córdoba, que en setiembre de 1999 adquirió el inmueble, pero en forma presuntamente irregular, ya que la compra se realizó en efectivo, por $ 380 mil, cuando lo que correspondía era operar «en defensa del crédito», pagando el inmueble con el crédito en cuestión.
Por su parte, los procuradores del banco tienen un convenio por el cual renuncian a cobrar honorarios a la entidad y en cambio sí lo hacen al deudor, salvo en casos de insolvencia del mismo. Para estos casos, el banco convino que sus apoderados puedan cobrar del banco, cuando éste compre en subasta judicial el equivalente, como máximo, de hasta 5% de las acreencias recuperadas y percibidas por el banco. Aún así, Obregón Cano habría percibido 100% de sus honorarios (algo más de $ 100 mil), violando el convenio mencionado y el código arancelario para abogados y procuradores de Córdoba.
En otra irregularidad, antes del remate, Obregón Cano habría celebrado un contrato de alquiler -que vencía ayer-, por u$s 4.500 mensuales. Actualmente -afirman- el hotel sigue siendo explotado, el banco no tiene posesión del inmueble, no recibió dinero por el alquiler y pagó $ 200 mil en concepto de honorarios y gastos adicionales por el juicio de desalojo que está en curso. Por su parte, JC Producciones SRL sigue debiendo el total de su deuda, que hoy es superior a $ 1,7 millón.
El segundo caso afecta a Fabiano y es por la ejecución hipotecaria contra José Daniel González, iniciada en agosto de 1997. Este trámite sufrió «largas y sospechosas demoras», según se informó desde el banco, ya que la subasta prevista para diciembre de 1999 fue suspendida por los procuradores del banco, que igual cobraron sus honorarios, no regulados, sino mediante recibos «a cuenta». El trámite judicial se paralizó hasta abril de 2003.