Córdoba - La Justicia cordobesa rechazó un pedido de la Caja de Previsión provincial cuestionando la validez de los intereses fijados a favor de beneficiarios que obtuvieron fallos a favor en los tribunales. En realidad era una decisión que se esperaba en el denominado «caso Iglesias» (uno de los juicios que ya están en la etapa de validar el monto que debe pagar la Caja), y la insistencia de la provincia pasaba sólo por ganar tiempo. La decisión contraria a la Caja fue dispuesta por la Cámara Contenciosa Administrativa y el decreto lleva la firma de su presidenta, Nora Garzón de Bello, que consideró inadmisible el planteo del Estado. El planteo de la Caja hizo eje en la solicitud de que se aplique al caso la emergencia económica provincial y se disponga el pago en bonos de esa deuda.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En este sentido, la solicitud oficial es contraria a la doctrina ya establecida por el Tribunal Superior de Justicia provincial, que indica que ninguna emergencia puede aplicarse a deudas previsionales, de carácter eminentemente alimentario, más aún cuando se trata de beneficiarios mayores a 70 años. A comienzos de marzo, al presentar la liquidación del «caso Iglesias», la Caja incluyó el planteo en el que cuestionó los intereses y solicitó la revisión de la decisión. Pretendía pagar sólo el capital de la deuda al considerar que se trataba de un caso de «gravedad institucional», por la situación financiera que afronta la entidad. Recordemos que ya acumuló un déficit de más de mil millones producto de los atrasos en el envío de fondos del gobierno nacional.
Dejá tu comentario