Los piqueteros no se pueden filmar

Aquella medida había provocado el repudio tanto de sectores piqueteros duros como de aquellos más cercanos al gobierno nacional, que cuestionaron la decisión judicial y advirtieron sobre los riesgos de la «judicialización de la protesta popular». En tanto, el fiscal Romero aseguró que respetará y acatará la decisión de su «superior», y sostuvo que «muy poco puede hacer un ‘iscalito’de provincia frente a metodologías de protesta ensalzadas desde los más altos cenáculos del poder nacional y provincial».  Definición
Para el CELS, que dirige el inefable Horacio Verbitsky, se trata de «una muy buena decisión», ya que el dictamen establece que «hay ciertos temas en los que no puede intervenir el Poder Judicial porque sí o porque quiera ordenar el tránsito o mejorar el paisaje de la ciudad», frente a una protesta piquetera. «Es un mensaje muy claro al poder político, al Ejecutivo o Legislativo», explicó Diego Morales, del CELS. Y añadió que el fallo «trata de definir que el trabajo de los fiscales debe ser posterior a un hecho delictivo o cuando se está ejecutando, pero no con anterioridad».
La procuradora ordenó dejar sin efecto la instrucción del fiscal Romero, al considerar que esa medida «se traduce en una ampliación punitiva que contraría el principio de legalidad constitucional». En este sentido, argumentó que la orden puede ser interpretada «como una directiva tendiente a organizar la labor de prevención del delito propia del Poder Ejecutivo provincial». Para Falbo, de la redacción del instructivo del fiscal «parece habilitarse un marco de actuación que adelanta la intervención de la fiscalía a una etapa previa a la constatación del delito, circunstancia que vulneraría el principio de legalidad constitucional».