La presunta amenaza de la llegada desde Buenos Aires de habitantes de la Villa 31 con intenciones de usurpar tierras cordilleranas obligó a los gobiernos de Río Negro y Chubut a pedir a la Gendarmería que despliegue un operativo de control extraordinario en la zona. Una serie de denuncias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ante el Juzgado Federal de Bariloche sobre continuas ocupaciones ilegales alimentaron rumores de que se estarían gestando nuevos asentamientos ilegales.
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A partir de la alarma encendida por intendentes de la zona patagónica, quienes temen por la llegada sistemática de micros desde Buenos Aires con potenciales ocupas, los mandatarios provinciales, el rionegrino Alberto Weretilneck, y el chubutense, Martín Buzzi, desplegaron un operativo de seguridad en las zonas de Lago Puelo, Epuyén y El Hoyo. También, podrían extender los controles hasta el paraje Rinconada Nahuelpán porque ya se registraron denuncias de una agrupación mapuche.
Por otra parte, se dispuso un patrullaje especial para la reserva forestal Loma del Medio, en El Bolsón. Las acusaciones del INTA se concentran en esa zona, de hecho hasta se ha identificado un importante número de personas a quienes se les ha iniciado juicio penal.
Se trata, en rigor, de un grave problema «crónico» en el interior del país, al que se suman metódicas usurpaciones de viviendas en las grandes ciudades. La toma de tierras públicas y privadas a lo largo de todo el territorio nacional es sólo el síntoma de la grave crisis habitacional que muchas veces deriva en hechos de violencia.
A principios de mayo, la muerte de un hombre que ocupaba ilegalmente un terreno en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, cerca de Rosario, en medio de un confuso episodio puso en foco a Santa Fe. Desde la Municipalidad indicaron que los terrenos tomados ya alcanzan las 20 manzanas de un extenso predio ubicado en la zona sur y que serían alrededor de 2.500 personas las que se instalaron en el lugar sólo en lo que va del mes.
El hecho llevó al Gobierno de Antonio Bonfatti a reclamar la desocupación de viviendas y tierras. «Eso no lo vamos a tolerar», señaló el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, y prometió que si se dejan las tomas se atenderá cada necesidad en particular. «Hay familias que han cumplido con lo que establece la ley de anotarse para un plan de vivienda», agregó.
Asimismo, la gestión socialista anunció que trabaja en la creación de Banco de Tierras y que planea invertir para facilitar a quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos la posibilidad de loteo.
En paralelo, esta semana, autoridades santafesinas convocaron a representantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Rosario para una reunión a fin de identificar en forma específica las diferentes tomas en distintas localidades.
Actualmente, ninguna provincia escapa a este tipo de situaciones riesgosas. En el norte, por caso, se percibe cierta agitación. Sin imputados a más de 9 meses del violento desalojo policial de un predio de la empresa azucarera Ledesma en el interior jujeño, la CCC organiza jornadas de lucha que tendrán distintas medidas como movilizaciones, escraches, tomas de edificios públicos y cortes de rutas.
Como un antecedente emblemático, aparece hoy la toma del Parque Indoamericano, en diciembre de 2010 en la Ciudad de Buenos Aires. También tuvo víctimas fatales y grandes repercusiones en la escena política nacional.
Así como estos casos, en otras 13 o 14 provincias se denunciaron desde fines de 2010 episodios similares «parte del efecto Villa Soldati», que hasta hoy siguen vigentes.
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