Chubut - El Gobierno de Martín Buzzi, representantes de la petrolera Pan American Energy (PAE) y miembros de la agrupación de disidentes de la UOCRA autodenominados Los Dragones intentaban anoche destrabar el conflicto iniciado la semana pasada con la toma y paralización de la producción de Cerro Dragón, el yacimiento de petróleo y de gas más grande del país.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
De acuerdo con lo anunciado por el mandatario chubutense el domingo, la apertura de una mesa de diálogo para que la agrupación presente sus requerimientos ante la petrolera había alcanzado para desactivar la toma. Pautada para las 14 de ayer, la reunión finalmente comenzó pasadas las 19 y se extendía hacia la medianoche.
La negociación peligró por momentos porque, según PAE, no se cumplían las condiciones propuestas por el Ejecutivo local. En un comunicado de prensa, la firma de capitales británicos, chinos y argentinos, indicó que no había podido «retomar los trabajos que demanda la condición de emergencia en que se encuentra el Yacimiento Cerro Dragón» y que el grupo de «autodenominados Dragones ha incumplido las condiciones demandadas por el Gobierno de la provincia de Chubut, concretando en la mañana de hoy actos de violencia y manteniendo piquetes en las rutas que no permiten el acceso al yacimiento».
Del otro lado, uno de los representantes de los manifestantes, Guido Dickason, señaló que la planta «está totalmente liberada». «Nosotros no estamos más en el yacimiento, estamos en la ruta desde ayer (domingo) hasta que esto se resuelva, pero para llegar al yacimiento tienen muchos caminos alternativos», explicó.
A pesar del anuncio de Buzzi sobre el fomento del diálogo, que contó con el aval de la Casa Rosada de la mano del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, el conflicto parece haberse endurecido. Tampoco pesó a favor de una resolución la intervención de la Justicia, que definirá si se deben tomar medidas penales sobre las acciones de los manifestantes por interrumpir el abastecimiento de crudo en la región.
Los manifestantes, que trabajan para firmas contratadas por PAE, señalaron que reclaman principalmente un alza salarial del 11% para equiparar su nivel de sueldo al del gremio de los empleados de mantenimiento y servicio, que realizan tareas similares. También piden la incorporación de despedidos de empresas tercerizadas, la personería gremial de esa organización disidente de la UOCRA y puestos de empleo.
El cuestionamiento del propio Buzzi, quien dijo que «cuesta creer que haya sido sólo un reclamo gremial», revela el trasfondo político del conflicto, posiblemente relacionado con la expropiación de YPF. Con el nuevo escenario petrolero nacional, muchas obras quedaron en suspenso, con la consecuente merma en el trabajo tercerizado. La indefinición laboral da lugar al planteo gremial que suma en este caso fogoneos opositores.
Dejá tu comentario