Mendoza - Organizaciones sociales agrupadas en la denominada Red Argentina para el Desarme denunciaron ayer ante el gobierno nacional el exabrupto cometido por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos provincial, Juan Carlos Aguinaga quien apoyara hace un mes a la defensa personal ante el delito. Un documento presentado al par de Aguinaga pero a nivel nacional, Aníbal Fernández, reflejó la preocupación de la agrupación en torno a este tema y le pidió a su vez que la Nación «no suscriba un Convenio de Adhesión con Mendoza para la ampliación del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, hasta tanto no sean removidas de su cargo las actuales autoridades del Ministerio de Seguridad del distrito». «Esta posición no sólo se contrapone a los objetivos del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas sino que atenta contra uno de los presupuestos elementales del estado de derecho: el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado», sostiene la nota dirigida a Fernández. El pedido abarca implícitamente las renuncias de Aguinaga, del subsecretario de Seguridad, Carlos Rico Tejeiro, y del actual director de Control de Armas y de agencias de Seguridad Privada, Vicente Chacín. Según la organización denunciante, Tejeiro habría sido entrenado para la tortura y desaparición de personas por el coronel y ex carapintada Mohamed Alí Seineldín en el último gobierno militar, mientras que Chacín habría participado del mayor centro clandestino de detenciones de Mendoza. La denuncia surge luego de que hace poco menos de dos semanas, las huestes de Hebe de Bonafini le llamaran la atención al gobernador Celso Jaque sobre la situación del Ministerio de Seguridad en el distrito. En una carta dirigida al mandatario, le exigían la renuncia del titular distrital de la cartera de Justicia, impulsada detrás del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien en ocasiones anteriores ya mostró su rechazo ante lo dicho entonces por Aguinaga.
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