Preocupa ya a provincias suba del salario mínimo

La administración federal está acostumbrada a imponer su agenda en el país, especialmente tratándose de un año electoral, y esta semana tendrá crucial incidencia para el futuro de la economía provincial cuando se reúnan Nación, gremios y empresarios -probablemente el día miércoles- para intentar definir una suba del salario mínimo, vital y móvil, que quedaría en entre $ 610 y $ 630 desde agosto. La suba operaría vía la incorporación de los $ 50 no remunerativos otorgados por el gobierno hace un año, junto con otros $ 100 concedidos a fin de 2004.La avanzada de Nación complicará a los gobiernos provinciales, que ya conocen las dificultades que generan los aumentos de sueldos otorgados desde la Capital Federal, ya sea por decreto, como fueron aplicados en general, o por una suerte de consenso entre gremios y empresas como se pretende activar ahora, por medio del Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad.
Estas subas determinadas sucesivamente desde la Casa Rosada -para el sector privado o público- siempre tuvieron un grave correlato en las provincias, con fuertes presiones de los gremios estatales y de privados, generando tensos escenarios de protestas que, por caso, hoy se pueden observar en distritos como Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Neuquén, Mendoza, La Pampa, con difíciles panoramas de protestas.
«Cada vez que se otorgan aumentos desde la Nación, los sectores rezagados de todo el país salen a reclamar. Esto es normal, pero el problema es que no toman en cuenta el nivel de actividad y la situación particular de la provincia, y esto genera un crítico aumento de los conflictos», aseguraron a Ambito Nacional desde un gobierno provincial, donde se preparan para nuevas olas de reclamos.
Pero no sólo se trata de la crisis de gobernabilidad que generan los gremios movilizados, sino que las actualizaciones de haberes también ponen en aprietos a las empresas del interior que, en la mayoría de las provincias, se encuentran en situación más precaria que la región central, como para poder enfrentar la exigencia de un aumento.
«El sector privado no puede absorber igual una suba salarial en el interior. Existe una gran diferencia de actividad económica y desarrollo estructural», señaló a este diario el ministro de Economía de una provincia chica, que manifestó su disgusto por las negociaciones que arrancan esta semana en Buenos Aires.
Por su parte, también la deuda pública de gran parte de los distritos recibe -afirman- un impacto negativo con los aumentos, ya que tras el canje de sus pasivo en dólares, activado por medio del llamado canje de deuda provincial, las provincias convirtieron su deuda en esa moneda extranjera a $ 1,4 más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
El CER tiene como uno de sus componentes la evolución de los salarios, con lo cual con cada aumento se pierden porcentajes de financiamiento. «Se encarece la deuda estructural de las provincias a través de los cambios en el CER. Esto sucede con cada incremento de la base del salario», apuntó otra fuente del interior.
Además de este triple impacto en la situación social, de empresas y en la deuda pública, en las provincias también advierten sobre otros perjuicios que Nación ocasiona, vía su actitud electoralista en materia salarial: «Hay promesas de aumentos, pero luego los fondos comprometidos no llegan, como sucede con el piso anunciado para los docentes, en el cual Nación no ha transferido la parte de los fondos que le corresponde para pagar, y la provincia debió hacerse cargo desde abril», informó otro disconforme funcionario, esta vez de un distrito opositor.