Por medio de un informe de situación entregado a la administración del justicialista Jorge Obeid, los funcionarios nacionales -entre los que se encontraron el director del Servicio Penitenciario Federal, José Luis Soria, y el jefe de Inteligencia Penitenciaria, Raúl Flores- aconsejaron además la intervención de la sociedad civil en el monitoreo del penal y la priorización de actividades físicas, educativas y laborales en talleres entre los internos.
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El texto de seis páginas al cual tuvo acceso este diario también subraya la necesidad de investigar los sangrientos enfrentamientos de abril pasado («existe una relación directa entre el esclarecimiento de los hechos de violencia suscitados dentro del penal y la credibilidad en el sistema penitenciario, incluyendo la legitimidad de sus autoridades y agentes», señala el informe) y advierte que en caso de que no se sigan las medidas recomendada con «carácter urgente» existe un «riesgo latente de reiteración» de nuevos hechos de violencia en Coronda.
Los comisionados recomendaron un «incremento sustancial de la ratio», es decir, de «la relación cuantitativa penitenciario/interno», que en Coronda actualmente rondaría en 0,3%, un número muy bajo, comparando con 0,7% que habría en cárceles bonaerenses o, por caso, 1,4% de un país avanzado como Noruega.
A su vez, se menciona la «organización de un cuerpo especializado para la actividad de 'requisa'», el cual debería «ser filmado» con «cámaras fijas» o «móviles», en cintas que deberían ser conservadas.
Junto a la capacitación y mejor distribución del personal penitenciario (los más experimentados a cargo de sectores más críticos), se propone la creación de una «unidad de asuntos internos» para «investigar eventuales casos de corrupción o abusos».
Otra recomendación apunta a incluir la «participación de la Secretaría de Derechos Humanos y del defensor del pueblo» locales, la «incorporación de la sociedad civil», donde tomarían partido ONG, y la « judicialización de las medidas de protección». Al decir del informe, esto ayudaría a cumplir con los «compromisos internacionales» asumidos en noviembre de 2004, luego de que la Argentina ratificara el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas.
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