Se trata de Ricardo Bazla, quien se desempeñó como secretario de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis. Fue imputado en una causa por presunta defraudación contra la administración pública.
El titular de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis, Ricardo Bazla, fue imputado en una causa por presunta defraudación contra la administración pública. Tras el hecho, Balza le presentó su renuncia al gobernador Claudio Poggi.
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“Tengo la obligación moral de dirigirme a Ud. a los efectos de presentarle mi renuncia indeclinable al cargo de Secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión, con el que Ud. me honrara desde el 10 de diciembre de 2023”, escribió el dirigente saliente en la carta dirigida a Poggi.
Asimismo, indicó que su eyección fue motivada por la necesidad de "ejercer mi derecho de defensa frente a una serie de decisiones judiciales y medidas de coerción dirigidas contra mi persona".
"Entiendo no sólo me afectan en lo personal, sino que, bajo ningún punto de vista, quisiera que lo propio dañara la impecable gestión de gobierno que Ud. encabeza y menos aún, su lucha contra la corrupción y el claro objetivo de recuperar la institucionalidad de nuestra provincia”, aseguró en el documento.
Por último, le agradeció al gobernador "profundamente la confianza depositada y el hecho de haberme permitido ser parte del inédito gobierno de colación que Ud. lidera en beneficio del pueblo sanluiseño”.
Su salida de la administración puntana ocurrió mientras el juez de Garantía Nº 1, Alfredo Cuello, le formulaba cargos por ocho delitos vinculados a la desaparición de una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares en el campo "El Caburé".
Durante la audiencia, la querella pidió prisión preventiva por 60 días, argumentando que era la única forma de evitar el entorpecimiento del proceso, reclamo que fue rechazado por el tribunal.
Previamente a su renuncia, Bazla había elevado un pedido de licencia por 90 días sin goce de haberes, que fue aceptado por el Primer Mandatario. Según sus palabras, lo hizo “para ejercer mi derecho de defensa sobre falsas acusaciones de las que estoy siendo víctima”. De manera provisoria, la cartera quedó a cargo de Gonzalo Amondarain, el ministro de Gobierno.
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