Serio: más bloqueos a empresas; ahora Moyano en Chaco

El grave bloqueo sindical en Chaco se sumó a la parálisis de la producción petrolera impuesta el lunes en importantes yacimientos de Neuquén, y al paro por tiempo indeterminado que desde hace más de dos semanas llevan adelante trabajadores pesqueros chubutenses, con pérdidas millonarias (ver aparte).En el caso de Chaco, el ministro de Gobierno, Hugo Matkovich, lamentó que «las empresas chaqueñas sean víctimas del patoterismo y de la violencia sindical».
El funcionario del gobernador radical Roy Nikisch aseguró, además, que los trabajadores de esas firmas «se vieron vulnerados en sus derechos por una práctica totalmente incorrecta de algunos sindicalistas, que creen que pueden venir al Chaco a generar disturbios».
La embestida de corte extorsivo -ya aplicada en otros puntos del país, sobre todo en el conurbano bonaerense- fue comandada in situ por el secretario de los camioneros, Pablo Moyano -empecinado en ver acrecentar las filas de su gremio, y que sigue los pasos de su padre, Hugo-, y el de la Federación de Aguas Gaseosas, Marcos Marso.
Cerca de un centenar de activistas habían decidido bloquear desde el martes la entrada y salida de camiones de las plantas industriales Tubito SRL y Cabalgata, en las localidades de Puerto Tirol y Barranqueras, cercanas a la capital provincial. Una tercera empresa afectada fue Clarg SA, distribuidora de Brahma, y ubicada sobre la ruta Nicolás Avellaneda-, aunque en la noche del martes se llegó a un acuerdo.
En los otros dos casos, la maniobra fue desbaratada ayer por una orden de desalojo dispuesta por la fiscal de Resistencia, Susana Lavagna. Tras dejar el lugar, los sindicalistas denunciaron que fueron agredidos por la Policía, «no con gases, sino con bastones y perros».
Según Moyano, las empresas chaqueñas Tubito y Cabalgata pagan a sus trabajadores «entre 500 y 600 pesos menos de lo que deberían cobrar» por tenerlos bajo los convenios de comercio y alimentación.
Paralelamente, los gremialistas desmintieron los dichos del propietario de Cabalgata, Oscar Korovaichuk, quien dijo ser víctima de una «persecución política» orquestada para obligarlo a vender su empresa a una competidora de Santa Fe, en cuya propiedad participa un ex gobernador de esa provincia.
Para Korovaichuk, «la planta estuvo tomada por un grupo de matones que tiene experiencia en tomas de fábricas y organizados con carpas y grupo electrógeno, entre otras cosas».
El empresario explicó que cuenta con «camioneros tercerizados», y aseguró que sufrió «presiones previas que no fueron aceptadas». «Les dijimos que se presenten a la Justicia, pero ellos ya perdieron allí todos los casos, como les ocurrió con los hipermercados del Gran Buenos Aires», dijo. Ya la firma concretó denuncias ante los ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia, y ante la Justicia penal.