Buenos Aires - Daniel Scioli está imprimiendo alto perfil al arranque de su gobierno. Su último paso fue ordenar la suspensión del cobro del impuesto «a la riqueza», tributo creado por el ex gobernador Felipe Solá el año pasado y que este martes sufrió un revés en la Suprema Corte de Justicia Nacional, tribunal que emitió un dictamen frenando su aplicación en dos casos puntuales.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Pese a que aún resta el fallo definitivo sobre la cuestión de fondo -la constitucionalidad o no del impuesto-, el Ejecutivo bonaerense decidió actuar por reflejo: presentó ayer por la noche en el Senado el proyecto de ley que suspende la aplicación del gravamen (contenido en la ley 13.648) por sesenta días, prorrogables. A su vez, indica que se podrán «propiciar las medidas necesarias para suplir» dicho impuesto.
El paso es la antesala de la derogación del polémico tributo aprobado en marzo pasado a instancias de Solá, el cual fue cuestionado desde un principio por implicar una «doble imposición», al superponerse con la carga que impone Bienes Personales que cobra Nación.
Ahora, el gobierno trabaja en la creación de nuevas herramientas de recaudación. Aun no hay pistas al respecto, pero en la empresa están el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y Santiago Montoya, titular de la nueva Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), que quedó desairado con la decisión de Scioli.
El miércoles, fiel a su estilo, el recaudador había salido a confirmar que seguiría cobrando las alícuotas del impuesto «a la riqueza» -«el fallo de la Corte sólo afecta a dos casos puntuales», dijo con razón-, pero en la noche recibió el llamado de Scioli pidiéndole que redactara el proyecto de ley que suspende dicho tributo.
«No hay contradicciones. Montoya dijo que él iba a cobrar mientras la ley exista, pero Scioli tiene potestad para rever las medidas», aclararon fuentes de la ARBA. Aun así, en su fuero interno Montoya lamenta el cambio: «Es una lástima, porque se trata de un impuesto progresivo, que recauda entre los que más tienen», reconoció dentro de su círculo de confianza.
En rigor, el tributo en cuestión -que aplica alícuotas extra en las facturas de Inmobiliario y Automotor-no es significativo para las arcas bonaerenses, ya que representa $ 150 millones al año, según las proyecciones 2008, es decir, apenas 1% de los 15.000 millones esperados como ingresos totales de recaudación. Los afectados abarcan un universo de 110 mil contribuyentes, con patrimonios superiores a $ 500 mil, tomando en cuenta propiedades dentro y fuera del país. De marzo hasta la fecha, sólo 27% pagó, sumando unos $ 87 millones, los cuales deberían ahora ser reintegrados por la provincia.
La decisión de pedir la suspensión fue tomada entre Scioli y el vicegobernador Alberto Balestrini la noche del miércoles. El argumento que manejan es que así evitarán nuevos reclamos y una avalancha de litigantes hasta tanto surja el fallo definitivo de la Corte. En el gobierno no son optimistas respecto de este fallo.
A su vez, desde el buffet que llevó adelante la presentación de Pedro Ramírez -el único exceptuado, junto a Pedro Capatti-puntualizaron ayer que «el pronunciamiento de la Corte es sumamente importante, por cuanto deja claro que ese tribunal es competente y no la Suprema Corte de la provincia». La ley que creó el impuesto «es manifiestamente inconstitucional por violar la Ley de Coparticipación Federal, creando un impuesto provincial que es análogo a otro nacional, en este caso Bienes Personales y con los tributos provinciales que gravan la tenencia de inmuebles y ciertos bienes registrables (automotores, embarcaciones», destacan desde TWR Abogados.
Revés
En paralelo al freno político sobre el «impuesto a la riqueza», Montoya sufrió otro traspié ayer: el juez Luis Arias -eterno rival de Montoya-declaró inconstitucional una resolución de Rentas que obliga a los agentes de retención a embargar pagos realizados por contribuyentes morosos a los que se iniciaron juicios por esas deudas.
El fallo rige para Gustavo Morchón, propietario de un inmueble que alquila a Blockbuster. Por la deuda que mantiene el contribuyente con el fisco bonaerense, Rentas solicitó a la empresa que funcione como agente de retención e inmovilice 60% de lo que paga por el uso del edificio.
El gobierno bonaerense y los diputados -tanto del oficialismo como de la oposición-avanzaron ayer con los contactos para lograr antes de fin de año la aprobación del proyecto de ley de Presupuesto de la provincia; marco en el que la Suprema Corte salió a reclamar formalmente para el Poder Judicial 22% más de recursos que los que están previstos en la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.
En paralelo, el gobierno de Scioli también se enfrenta con la Corte local por la distribución del Presupuesto. Los integrantes del Máximo Tribunal aspiran a que se les destine 22% de lo proyectado en el texto del sciolismo, el cual modificó el original presentado por la administración Solá. El gobierno presupuestó $ 1.549 millones sobre un gasto total de $ 34.900 millones.
Dejá tu comentario