Tras incidentes, gobierno pide prohibir pirotecnia en protestas

Córdoba - Tras los graves incidentes del pasado miércoles en una movilización gremial, el gobierno del justicialista Juan Schiaretti pidió a la Justicia que instrumente los mecanismos para aplicar las normas que restringen el uso de bombas de estruendo, pirotecnia y morteros en las manifestaciones de protesta.
Existen distintas regulaciones y limitaciones en este sentido, pero en la práctica ninguna autoridad judicial actuó hasta el momento para hacerlas cumplir, aunque en todas las manifestaciones en Córdoba se utilizan elementos de ese tipo.
Fue el propio ministro de gobierno, Carlos Caserio, quien se presentó en Tribunales para solicitar la aplicación de esos instrumentos legales. El funcionario justificó su decisión en el propósito de evitar «posibles víctimas fatales, lesiones físicas irreversibles y daños materiales irreparables».
Obviamente, el hecho se vincula directamente con lo sucedido en Córdoba el miércoles, cuando activistas todavía no identificados por la Justicia desataron una verdadera guerra campal en pleno centro de la ciudad, utilizando los elementos -que ahora se apuesta a prohibir- como armas contra los efectivos policiales.
En rigor, las agresiones con bombas de estruendo (con, se dijo, clavos y bulones) y proyectiles de todo tipo, lanzados con los morteros sobre la humanidad de los agentes policiales, comenzaron varios días antes de esa batahola, en el marco de la aprobación de la ley de reforma previsional, a la que se oponen los sindicatos del Estado.
Los gremios más combativos son el de Luz y Fuerza -liderado por Juan Leyría- y el de los Municipales, encabezado por Rubén Danieles (ambos responden políticamente a Luis Juez). Activistas de esos sindicatos fueron identificados como algunos de los manifestantes que arrojaron a los policías todo tipo de elementos: desde piedras hasta bombas de estruendo.
En este marco, en los días previos se dio en Córdoba un debate mediático importante sobre la necesidad de evitar este tipo de acciones por parte de los manifestantes. Se vieron incluso en muchos informativos de TV los rostros heridos de varios policías (impactó mucho el de una joven agente); se mostraron imágenes con chalecos antibalas con clavos, y material de protección personal de los efectivos totalmente dañado. De manera que la violencia del miércoles 30, que motiva ahora esta presentación, se presagiaba.
Sin embargo, la Justicia no previno. Es más, las fuerzas policiales, aunque elevaron el número de efectivos y diseñaron un sistema para mantener alejadas a las columnas gremiales de la Legislatura y así garantizar el debate parlamentario, tampoco recibieron el respaldo acorde con el clima de violencia que los propios sindicalistas anticipaban.
Finalmente todas los pronósticos se cumplieron y superaron los temores previos. Hubo destrozos a comercios y espacios públicos. pero además hubo -y esto fue lo más grave- una reacción contra el personal policial que no dejó víctimas de mayor gravedad sólo por casualidad.
Por supuesto que los sindicatos locales no se responsabilizan. Por su parte, el fiscal José Mana declaró el lunes que entre los detenidos no había infiltrados. Sin embargo, quienes causaron los mayores destrozos y hechos de violencia contra el personal policial no fueron todavía ni identificados ni detenidos.