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Hasta ahora, el punto más complejo sigue siendo el destino de las 30-40.000 toneladas de miel que, se estima, pueden estar contaminadas con nitrofuranos y que, mayoritariamente, se encuentran en manos de apicultores y exportadores. El meollo de la cuestión, en ese caso, es que si bien el producto objetado podría utilizarse con fines cosméticos (según la opinión de algunos), sería casi imposible garantizar a los europeos que el destino real no sea la exportación comestible, en cuyo caso se podría perder la totalidad del mercado internacional (ya que el producto argentino se triangula a Europa desde otros destinos como Canadá, Australia u otros, debido a que se la considera como la mejor del mundo y se utiliza para cortes). En ese escenario, se estarían perdiendo ingresos anuales por alrededor de u$s 160 millones y los beneficios fiscales de las retenciones de 10% que gravan actualmente las exportaciones del producto. Este, a su vez, es el principal argumento de quienes apuntan a la destrucción «total» del producto, aunque nadie sabe de dónde saldrían los recursos para indemnizar a los apicultores, medida que no se discute dada la evidente responsabilidad en los hechos del Estado ( Secretaría de Agricultura y sus organismos) por « acción u omisión». Esta misma «omisión» y sus daños derivados pueden volver a sumarse a Agricultura como responsable directa de las políticas sectoriales y del SENASA, si no se adopta una decisión inmediata a un problema que ya está cerca de cumplir un año. Tal vez, entre viaje y viaje...
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