Incertidumbre por las medidas para el agro

La devaluación no tiene éxito por sí misma y en la economía real doméstica se manifiesta a través de una fuerte disminución del poder adquisitivo de la población. Tengamos en cuenta que cuando un país declara el default, pierde el acceso al crédito y todos los sectores, sus empresas y las personas que lo integran sufren el default. Un país que devalúa comienza a depender del ingreso de divisas para el cumplimiento de sus obligaciones y para el diseño de las diversas políticas que debe implementar.

En este sentido, el rol del sector agroindustrial es primordial, ya que es el responsable de más de 50% de las divisas que ingresan al país, es el que mayor demanda de empleo genera (1.500.000 puestos de trabajo) y, en definitiva, es el que puede reactivar la economía en todo el territorio nacional.

Por ello, es condición sine qua non que no se reimpongan derechos de exportación o retenciones a las exportaciones; si se pretende retornar al camino del crecimiento, es contradictorio devaluar e imponer retenciones a las exportaciones.

La devaluación genera un aumento en los ingresos (medidos en pesos), para los sectores que asisten al mercado inter-nacional, pero debe tenerse en cuenta que al mismo tiempo se encarecen los insumos importados que nutren de mayor tecnología y productividad a los que compiten en un mercado totalmente distorsionado por los subsidios y donde predomina la competencia desleal. En este sentido, la competitividad de la economía debe mejorar en forma integral; de lo contrario, el efecto positivo buscado se verá diluido por los altos costos de producción. Este objetivo se logra mediante una combinación de estrategias.

Los caminos a seguir transitan por obtener una mayor apertura comercial en insumos estratégicos para producir bienes alimentarios con valor agregado, con una fuerte desregulación de todos los servicios que demanda la población para aumentar la competencia y reducir el costo de los mismos, y como condición primordial implementar una importante reducción y simplificación de la presión impositiva. Debe tenerse en cuenta que ningún plan económico tendrá éxito si no se actúa en una fuerte restricción del gasto público y si se disminuye el poder adquisitivo de la población y con ello se deteriora el bienestar general.

Entonces, como positivo, podríamos decir que la devaluación de nuestra moneda da como resultado que las exportaciones de la canasta de productos que ofrece la Argentina al mundo resulten más baratas, en términos de moneda extranjera, pero esta aparente ventaja depende del valor relativo con respecto a las fluctuaciones del resto de las monedas. En cambio, las importaciones se encarecen y este hecho aumenta los costos de producción, la incorporación de tecnología, el nivel de precios de diversos bienes e inflación prematura, lo que causa una pérdida en el poder adquisitivo de la población ante la imposibilidad de optar por diversos productos y servicios que compiten, lo que finalmente afecta el nivel de empleo legítimo.

· Nuevo escenario

Estos cambios crean un nuevo escenario al cual asistimos con un alto grado de incertidumbre ya que las normativas y políticas que acompañan a la devaluación no son lo suficientemente claras. En el agro en particular los efectos negativos se verán reflejados a través del aumento de los costos de los insumos que contienen componentes importados, tal es el caso de la maquinaria, fertilizantes, agroquímicos, vehículos, repuestos, seguros, infraestructura en general, chapas, etcétera. Para evitar estos efectos adversos a una mayor competitividad se deberían reducir los aranceles a la importación, haciendo hincapié en todos los insumos estratégicos que se requieren para producir y para que la población en general no sufra desabastecimiento o un importante aumento de los bienes que demanda. Un ejemplo en este sentido es el modelo chileno, que tiende hacia una mayor apertura de su economía.

Además, debe aumentarse la competencia entre los servicios, desregulándolos y eliminando todas las trabas burocráticas que actúan como barreras para la inversión, y permitir la entrada de nuevos jugadores en el mercado local; tengamos en cuenta que sin confianza no hay inversión y que sin inversión no hay reactivación. Por otra parte, las empresas rurales sufrirían una reducción en su valor patrimonial y con ello se verá afectado el acceso al crédito.

El crédito es una herramienta fundamental para la inversión y es claro que durante un plazo prolongado no contaremos con esta herramienta; en consecuencia, resurgirán y se consolidarán los planes Canje o los trueques como una alternativa válida ante la escasez de recursos. El costo de la devaluación y del quebranto de las empresas es consecuencia de un desmedido gasto público y, por ende, no debería ser asumido por quienes invirtieron para alcanzar un agro más competitivo.

Dentro de los anuncios se pretende reducir la alícuota a 10,5% en la venta de los granos, estableciendo un nivel de retenciones de 6 puntos de IVA; en consecuencia, los productores cobrarán sólo 4,5 puntos de IVA y engrosarían sus saldos de créditos fiscales, reduciéndose el capital de trabajo. Implementar otra discriminación al agro es lisa y llanamente aumentar la presión impositiva y atentar contra futuras inversiones tecnológicas. Bajar el IVA ventas y mantener el IVA para la compra de insumos a 21% significa otorgar un crédito fiscal por tiempo indeterminado al Estado a tasa cero. La Argentina se conoció como el granero del mundo; sin embargo, gracias a la incertidumbre reinante y en particular la que afecta al mercado de granos, durante más de un mes el mercado ha estado paralizado. La poca credibilidad en el cumplimiento de los reintegros de IVA pone en riesgo la continuidad de las exportaciones y enviará a la quiebra a cientos de participantes que conforman el comercio de granos. En consecuencia, se profundizará la grave crisis social, económica y financiera que atravesamos. La problemática no es menor en un sector que produce granos por un valor que superará los 8.000 millones de dólares y que es el responsable de originar más de 50% de las divisas que ingresan al país.

Los factores que generan incertidumbre e impiden la formación de precios se fundamentan en el incumplimiento del gobierno nacional en los plazos de devolución de créditos de IVA a la exportación con respecto a las operaciones realizadas y en cómo se pagará de aquí en más.

Actualmente el gobierno adeuda a los exportadores en función de los pedidos de devo lución presentados un monto que rondaría los 300 millones de dólares, lo que resta importante capital de trabajo y aumenta el costo financiero de las empresas, que es trasladado al productor a través de menores precios ofrecidos y del desdoblamiento de los pagos en 90% de acuerdo con los usos y costumbres y el 10% restante a 120 días. Otro ítem que generaba gran incertidumbre, que rigió desde el mes de junio de 2001 y que recientemente se ha resuelto mediante su eliminación era el factor de convergencia.

La demora en el cumplimiento de los pagos está condicionando y distorsionando los precios en toda la operatoria del sector granario. En consecuencia, las pocas operaciones que se han realizado durante los últimos días no son suficientemente representativas como precios de referencia, pero sí queda claro que el productor está pagando el costo financiero que hoy los bancos no están dispuestos a cubrir y que el gobierno no tiene recursos para saldar. De esta manera se pier-den oportunidades de cerrar negocios en el exterior, cuando existe un gran interés por parte de nuestros competidores de desplazarnos de los mercados que tradicionalmente abastecemos.