Según las cifras preliminares que se manejan en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), en la primera presentación de planes forestales que se hace bajo el régimen de la Ley 25.080 (Inversiones para Bosques Cultivados), ya se alcanzaron las 160.000 hectáreas. Si bien esta cantidad es inferior a las 188.00 del año 99, está 50% por encima de las proyecciones más optimistas de cualquiera de los funcionarios, que a fines de abril consideraban razonable lograr entre 70.00 y 75.000 hectáreas reales teniendo cuenta que entre lo que se presenta y la plantación lograda el promedio está en el orden del 70 por ciento.
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La cuenta en la evaluación se fundamentaba en que no se había realizado un llamado oficial con la difusión requerida, además de una lógica demora motivada por el recambio de gobierno a nivel nacional y de las autoridades propia Secretaría. Esto hizo que recién en abril - a través de la Resolución 152 - se pudieran simplificar algunos requerimientos del sistema del sistema de promoción, descentralizando funciones en las provincias y con la habilitación de los registros de titulares de proyectos, de profesionales responsables de los mismos y de emprendimientos forestales.
De acuerdo con los cómputos que envían las provincias se puede adelantar que Misiones superaría las 67.00 hectáreas, con un dato saliente en la presentación de pequeños productores agrupados en consorcios que llegarían casi a 12.000 hectáreas, Corrientes estaría en el orden de las 50.000 hectáreas, Entre Ríos entre 5.000 y 7.000, Buenos Aires 5.100, Salta 5.700, Santiago del Estero 4.700, Neuquén 4.400, Mendoza 3.500, Chubut 1.600, Jujuy 1.300 y Río Negro y Tucumán alrededor de las 800 hectáreas cada una.
La implementación exitosa del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales a partir de 1992 y el nuevo marco legal (Ley 25.080), posibilitaron que la actividad de la forestoindustria adquirida, en el país, una nueva dinámica, multiplicando por cinco el ritmo de forestación anual en ese período, acompañado por un importante flujo de inversiones en plantas de celulosa y papel, tableros y aserraderos de escala internacional. Un dato que no escapó al análisis de la administración De la Rúa, ya que el propio Presidente incluyó al sector dentro de un listado de actividades que deben lograr un desarrollo estratégico en la Argentina en los próximos años.
La ley que entró en vigencia en el 2000, otorga importantes beneficios económicos y fiscales con el objetivo de alcanzar en el 2010 una masa de 2.000.000 de hectáreas. Abarca a las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y forestoindustriales así como también, a las aplicaciones de los bosques existentes.
Por 30 años no podrá incrementarse ningún tipo de impuestos tanto en orden nacional, provincial como mundial. Permite recuperar el IVA dentro del año de haber realizado la inversión. Otorga la exención de una serie de impuestos (activos, inmobiliarios, sellos, ingresos brutos, etc.) y permite la amortización anticipada en bienes de capital. Además brinda apoyo económico para las plantaciones que se realicen durante los próximos 10 años. La Ley también completa la aplicación de medidas para mantener la biodiversidad y la sustentabilidad de los recursos naturales.
La Argentina posee entre 18 y 20 millones de hectáreas de suelos con amplitud forestal, de los cuales 5 millones no compiten en el uso con otras actividades agropecuarios alternativas. De esa superficie sólo el 15% se encuentra ocupado actualmente con los bosques de cultivo.
