La Argentina expresó su preocupación por la sobreexplotación de recursos en la milla 201
La actual situación de sobreexplotación del calamar fue presentada ante la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) por el director nacional de Pesca, Horacio Rieznick.
En virtud del Código de Pesca Responsable, adoptado por la FAO en 1994, el organismo adoptó en esta reunión un plan internacional de acción para regular la pesca ilegal, no reportada y no reglamentada.
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Esta medida apunta a revertir la actual situación por la que atraviesa la Argentina, en referencia a los más de 300 buques poteros de bandera extranjera que, poco más allá de la zona exclusiva argentina, depreda un recurso ictícola como el calamar. Rieznick presidió la delegación argentina ante la reunión plenaria del organismo dependiente de las Naciones Unidas, junto con la embajadora ante la FAO, Elsa Kelly, quien elevó formalmente el caso ante la institución.
De forma oficial, la Argentina, en su carácter de Estado ribereño, expresó su preocupación por la sobreexplotación de recursos en la milla 201, y por la conservación de los recursos que se encuentran dentro de su zona exclusiva y en altamar. Según «Télam» pudo constatar, el documento elevado a la FAO describe que se «avistaron unos 300 buques poteros y 16 de apoyo, en un área de aproximadamente 3.500 millas náuticas cuadradas, entre la milla 201 y la 215».
Depredación
Los fundamentos de la queja refieren a que la extracción, debido a su volumen, «puede ser considerada depredatoria» y que la actividad genera un nivel de contaminación «susceptible de afectar directamente la zona económica exclusiva argentina».
«Legalmente no se puede hacer nada con los 304 poteros, que atraen calamar desde 50 kilómetros, y los 16 buques de logística que los apoyan», se lamentó Rieznick.
No obstante, la FAO adoptó en 1994 un código de conducta para la pesca responsable que recoge principios y recomendaciones relevantes para la actividad de los buques pesqueros.
«El código no es vinculante, pero bregamos para que todos los miembros de la FAO apliquen sus directrices, mientras no existan normas en vigor que permitan al estado ribereño un control razonable» de los recursos de sus áreas adyacentes, comentó. Al amparo de este mismo código es que la «FAO implementa un plan de acción internacional que regulará la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en las zonas adyacentes a las de exclusividad de cada estado ribereño», explicó.
