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Asimismo, mediante la presentación de una medida cautelar, se solicita al magistrado que ordene a la AFIP abstenerse de cobrar cualquier diferencia de impuesto resultante por la determinación de dichos impuestos considerando el mecanismo de ajuste por inflación.
Por esta vía se pretende lograr una solución judicial a un impedimento legal que traba la posibilidad de determinar ganancias sobre bases reales y no ficticias -como pretende el gobierno nacional con un mero interés fiscalista- para, de este modo, poder preservar la fuente de producción generadora de riqueza y de empleo, que es la base de la cadena agroalimentaria.
El perjuicio que se ocasiona a los productores afecta directamente al derecho de propiedad, tornando a un impuesto a la renta en una pesada carga sobre el capital empresario. Particularmente, se tiene en cuenta los perniciosos efectos de la devaluación sobre los stocks, ya que al no permitirse la actualización de las existencias finales se determinan resultados por tenencia ficticios que, de convalidarse tributariamente, llevarían a una profunda descapitalización del sector agropecuario.
La presentación judicial, en forma institucional por parte de la SRA, es la culminación de una largo proceso iniciado a principios del año anterior, cuando ya entonces las autoridades de la entidad advertían sobre esta problemática. Posteriormente otras entidades empresariales, profesionales y académicas se pronunciaron en el mismo sentido.
Asimismo, desde el mes de diciembre último, la SRA venía aconsejando a sus socios la presentación de distintos recursos judiciales, a la espera de una respuesta oficial favorable, circunstancia que no se ha cumplido.
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