Productores buscan mejorar su renta

Con los precios actuales del mercado mundial de alimentos, la actividad agropecuaria podría estar en un escenario óptimo. Pero hay señales que perturban la conformidad de los productores.

Funcionarios y dirigentes de otras áreas vienen expresando públicamente y con mucha ligereza una visión sobre la situación económica del ámbito agropecuario totalmente distorsionada. Con esto intentan demostrar que el sector dispone de un supuesto plan económico de bonanza que realmente no existe, sobre todo en muchas producciones y en las regiones del país más alejadas de los puertos.

Una verdad a medias termina siendo una mentira: se está desinformando al conjunto de la sociedad con una estrategia premeditada para intentar rebatir los legítimos motivos del reclamo del sector agropecuario y del interior del país, que es defender los derechos del productor de poder trabajar y producir en libertad.

Afirmar que el sector agropecuario está trabajando con la ventaja de un plan económico basado en un dólar alto para poder exportar todo lo que produce es falso: ese dólar tiene una quita a la exportación -impuesto- de hasta 23,5%.

Hoy el dólar agropecuario efectivo para vender la soja y el girasol es de $ 2,35, operación que surge de descontarle al dólar BCRA una retención de 23,5%; en el caso del trigo y el maíz el dólar efectivo es de $ 2,46 porque la retención es de 20%. Por si fuera poco, para comprar nuestros insumos en el exterior, extra Mercosur, el dólar efectivo para la compra del fertilizante es de $ 3,40, y para los herbicidas e insecticidas es de $ 3,52.

Hoy, el sector agropecuario está comercializando con una brecha cambiaria entre el dólar para vender y el dólar para comprar de 30%; esto remite a épocas muy traumáticas para el sector: nunca con este tipo de manejo cambiario se llega al momento de bajar o eliminar las retenciones que corrijan las gravísimas distorsiones en la rentabilidad de uno de los sectores más eficientes y competitivos de nuestra economía; por el contrario, las necesidades fiscales de la Nación y de las provincias tienden a aumentar las retenciones en vez de bajarlas, en detrimento de los productores más chicos y aquellos alejados de los puertos que terminan siendo expulsados del sistema productivo.

El equivalente del dólar real al final de 2001 (es decir 1 a 1) hoy es de $ 1,32 para la soja y girasol y de $ 1,38 para el trigo y el maíz. Vale aclarar que en la convertibilidad las importaciones se hacían con el mismo dólar más arancel. Conclusión: la mejor rentabilidad de algún cultivo hoy se debe únicamente a la suba de valor de los commodities y no a causa de algún plan económico específico para el sector. Estos datos demuestran que ya nos consumimos la devaluación y no supimos aprovechar los años de vacas gordas para definir una política agropecuaria previsible en el mediano plazo. Seguimos exportando la fertilidad de nuestros suelos sin reponer las cantidades necesarias que extrae cada cultivo, promoviendo en cambio el monocultivo de soja que va en contra de una razonable rotación: ésta es una de las mayores distorsiones que producen los impuestos por exportar.

Al mismo tiempo agravan este problema la intervención del Estado en el negocio empresario, como ocurrió con la carne, la leche y el trigo.

A esta falacia de un plan económico con dólar alto que beneficia al sector, hay que sumarle también la carga impositiva total que tiene el sector. El trabajo «Presión impositiva sobre la Producción Agrícola Pampeana», realizado por el Instituto de Economía de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires el año pasado, determina que la carga impositiva por hectárea de los diferentes cultivos llegaba a los siguientes porcentajes: maíz (64%), trigo (67%), soja (58%) y girasol (63%).

Aunque el trabajo no es actual y sin duda los números se vieron modificados por el aumento de algún impuesto y en otros reducido en relación con el mayor valor de algunos granos, podemos decir que la carga impositiva de cada producción por hectáreas supera con holgura 55% de promedio en los cuatro granos principales en la región pampeana.

Si este cálculo lo hacemos para las producciones de las economías regionales, la incidencia se agrava porque la producción es menor por hectárea.

A estos parámetros cambiarios e impositivos hay que sumarle también lo que representa en la estructura de costos el flete. A pesar de que están subsidiados, está representando para 1.000 kilómetros 100 pesos por tonelada o entre 20% y 30% del valor de la mercadería transportada, lo que determina que muchas producciones tengan márgenes negativos.

El resultado de todas estas políticas sin ninguna visión de mediano plazo provocó en la última campaña una producción menor de maíz y trigo que no alcanzó a satisfacer las necesidades del país y de la exportación; por ese motivo intervino el Estado, en el caso del trigo, « negociando» un volumen de trigo menor para exportar y aumentando el «precio índice» (en los hechos un aumento de las retenciones).

Empuje

En el caso del maíz todavía no ha intervenido, pero la mayor demanda de este insumo está empujando los precios para arriba, hecho que complica a muchos sectores estratégicos como la producción de pollos. Y todo esto a pesar de que el maíz ya tiene 20% de retenciones.

La mejor orientación que necesita el sector agropecuario es que el valor de su producto surja de la cotización de un mercado abierto al mundo y competitivo. Hoy el sector no necesita ningún subsidio para poder seguir creciendo: con los actuales valores de los alimentos en el mundo le alcanza. El principal reclamo es poder trabajar con rentabilidad: cualquier otra alquimia cambiaria o impositiva no es sostenible en el tiempo.

La única economía que nos va a permitir crecer sostenidamente en el tiempo llegará cuando todos los sectores y regiones del país tengan un mismo tratamiento cambiario y fiscal para poder aumentar las exportaciones en forma sostenible en el tiempo. Es la única propuesta que le va a permitir al Estado cumplir con todas las políticas sociales y las funciones indelegables que le corresponden.

No es función del Estado estar asignando recursos de un sector a otro arbitrariamente en este mundo globalizado.