En primer lugar, habría que realizar un diagnóstico con todo el rigor metodológico que demanda la cuestión para determinar si el presunto mal funcionamiento es una cuestión presupuestaria exclusivamente o si reside en la conducción del organismo, en la estructura organizacional, en la falta de autarquía financiera, en el papel de los gremios o en cualquiera de las combinaciones posibles. Tras ello habría que determinar en qué proporción incide cada uno de los factores involucrados.
Pero fue la misma actividad privada la que no cuidó, inicialmente, que estos antibióticos prohibidos ingresaran en el producto. Tampoco se pueden achacar todas las culpas al ente fiscalizador, cuando las normas son transgredidas en una proporción tan alta como se supone sucede en la cadena de la miel. En el otro extremo, hay cadenas de producto que funcionan sin mayores problemas -o si los tienen, los resuelven ejecutivamente- y que son fiscalizadas por el mismo ente sanitario que otras critican.
Como el caso de la avicultura o de los vinos, de los cuales no trascienden problemas de la magnitud de los ocurridos con los cítricos o la carne vacuna, por citar dos ejemplos. En la hipótesis de que se pudieran trasladar los organismos sanitarios «modelo» a la Argentina, como los de los países arriba citados, ¿cómo se imaginan que funcionarían en el marco institucional argentino?
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