Mientras siguen los cruces entre el Gobierno y los productores agropecuarios por la liquidación de las divisas provenientes de las exportaciones, desde el oficialismo se fomentan proyectos de ley para crear organismos de regulación, control y comercialización de granos. Una senadora K presentó un proyecto de ley para revivir la Junta Nacional de Granos y el Gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, en su lugar un Instituto de comercio agropecuario.
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Según la iniciativa elaborada por la legisladora rionegrina Silvina García Larraburu, la Junta sería una entidad autárquica de nueve miembros nombrados por el Poder Ejecutivo. Fuentes parlamentarias consultadas por ámbito.com aseguraron que el proyecto es propio de la senadora -comenzó a trabajar en él desde hace más de un año- y no fue hasta ahora debatido dentro del bloque del FPV.
Entre los objetivos que tendría la Junta estarían "controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos; garantizar la provisión interna, independientemente de lo que suceda en el mercado externo; tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos; y desarrollar políticas que fomenten el aumento de valor agregado en las materias primas producidas en nuestro país; entre otras cuestiones.
La norma prevé que la Junta controle "todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos". También fiscalizará la producción, los embarques, y asesorará al Ejecutivo en la fijación de precios mínimos para las ventas al exterior, en la política cambiaria y en la impositiva, además de otras cuestiones vinculadas al sector.
En tanto, establece que "en la comercialización de los granos y sus subproductos, en que deba intervenir la Junta, actuará como comerciante, contratando directamente y de acuerdo a las reglamentaciones de compra y de venta que la misma establezca".
"Es necesario que se establezcan las reglas para equiparar el ahorro con la inversión y que así puedan beneficiarse todos los argentinos", subrayó la senador Larraburru en un comunicado. De este modo, la senadora consideró que "durante casi sesenta años la Junta Nacional de Granos mantuvo la regulación y producción de oleaginosas, basada en la importancia que este sector tiene para la economía nacional". Y explicó que "en el año 1991 se puso fin a la regulación, para que con el beneficio de la desregulación la producción quede en manos de privados, quienes generalmente responden a intereses foráneos o particulares".
Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, adelantó que propondrá en el Congreso la creación de un instituto nacional de comercio agropecuario. "A nadie escapa que un gobierno democrático, elegido por amplia mayoría, está hoy sujeto a un ataque especulativo que pretende minar y condicionar la voluntad de construir un país para los 40 millones de argentinos", dijo el mandatario kirchnerista en un comunicado.
Pidió "recuperar la comercialización de los granos en la Argentina", que en su proyecto de ley "viene trabajando desde hace mucho tiempo" con su equipo económico y que la iniciativa, que presentará a la presidente Cristina de Kirchner, está orientada a la "defensa del pequeño y mediano productor" y al "fomento a la producción de granos, cereales y carnes, junto con todas las economías regionales".
"Vivimos una situación tan compleja como dinámica del mercado internacional de productos agropecuarios, que en los últimos años revela tendencias preocupantes que exigen una respuesta inmediata y efectiva de parte de los países productores. Estamos indefensos ante cualquier ataque especulativo", insistió Urribarri.
En este sentido, sostuvo que se deben "fijar estrategias claras en relación a la política agropecuaria que deberá asumir la Argentina de cara al futuro" y que el gobierno de Cristina de Kirchner se propone "garantizar la seguridad alimentaria nacional, tanto actual como futura, resguardando la mesa de los argentinos; preservar la figura del pequeño y mediano productor rural; y potenciar las ventajas comparativas derivadas de las excelentes condiciones naturales de la producción primaria".
"La comercialización y el análisis de la estructura de los mercados de productos agropecuarios en el país revela una característica saliente: son mercados imperfectos, ya que existen muchos pequeños vendedores frente a pocos grandes demandantes", analizó Urribarri.
Al respecto, señaló que por eso "las empresas compradoras, principalmente exportadores e industria" tienen "un importante grado de control de precios y condiciones de compra que les permiten cierto margen para regular el mercado en función de sus intereses".
"Nuestra propuesta es crear un Instituto Nacional de Comercialización Agropecuaria. Pero para eso necesitamos empresarios que entiendan la hora que vivimos. Que entiendan que este gobierno garantiza y ha garantizado una dinámica competitiva del mercado interno, con políticas contracíclicas. Esta actitud de hoy, mezquina, especuladora, de algunos grupos económicos, tiene como único objetivo debilitar o perjudicar al gobierno", insistió.
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