Rodrigo David Santamaría Martini, presidente del GEN de Azul y hasta la semana pasada prosecretario legislativo del Concejo Deliberante de ese distrito, fue detenido este jueves en el marco de la causa en la que se lo investiga por presuntas estafas vinculadas a una supuesta financiera informal en dólares. Fuentes judiciales informaron a Ámbito que el fiscal le tomará declaración indagatoria en el día de hoy.
Detuvieron al exprosecretario del Concejo Deliberante de Azul y presidente del GEN local acusado de estafas en dólares
Rodrigo Santamaría Martini quedó alojado en la Comisaría Primera tras tres allanamientos ordenados por la Justicia. La causa ya suma ocho hechos de estafa y, según fuentes judiciales, el fiscal le tomará declaración indagatoria hoy.
La detención se concretó en las primeras horas de la mañana, cuando personal de la Comisaría Primera de Azul llevó adelante órdenes de allanamiento, registro y secuestro en tres domicilios. Los procedimientos fueron dispuestos a partir de las tareas investigativas de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal David Carballo, y de las medidas solicitadas y otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 2 de ese departamento judicial. Además de efectivizar la detención, los efectivos secuestraron distintos elementos de interés para la investigación.
Según el parte policial firmado por el comisario Cristian Rodríguez, jefe de la Policía Departamental de Seguridad de Azul, Santamaría Martini, de 38 años, quedó alojado en la Comisaría Primera, a la espera de la declaración indagatoria prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense.
La causa, identificada con la IPP 01-00-005849-26/00, avanzó de manera significativa en los últimos días. Ahora está caratulada como “estafas reiteradas, ocho hechos, en concurso real”, en los términos de los artículos 45, 55 y 172 del Código Penal. El giro es notorio: hace apenas unos días, Carballo había explicado a este medio que no había elementos para pedir una orden de detención ni allanamientos, que el exfuncionario todavía no estaba imputado formalmente y que su paradero era una incógnita. “No está en su domicilio. Hay rumores, pero ninguno confirmado. Estamos tratando de localizarlo”, había dicho entonces.
Una “financiera” entre amigos
La investigación se inició con las denuncias presentadas en la Comisaría Primera en la noche del 7 de octubre, cuando cuatro personas declararon haber entregado en conjunto más de u$s86.000. En los días siguientes se sumaron otras cuatro presentaciones en la Fiscalía, y el monto total ronda los u$s100.000.
Los damnificados, en su mayoría amigos y conocidos del exfuncionario, describieron una misma mecánica. Santamaría Martini manejaba una supuesta “financiera personal”: recibía dólares y prometía pagar intereses mensuales que, según los distintos testimonios, iban del 10% al 20%. A una de las denunciantes le aseguraba que su “respaldo” era una consignataria de hacienda. Las operaciones se hacían en efectivo, sin recibos ni constancias, y los únicos registros que quedaron fueron conversaciones de WhatsApp, que fueron aportadas a la causa.
Los problemas comenzaron el 20 de septiembre, cuando debía pagar los intereses. Primero pidió unos días de espera y después dejó de responder mensajes y llamadas. Según el relato de los denunciantes, antes de desaparecer le habría dicho a su pareja que tenían que irse de la ciudad porque debía mucho dinero y no tenía cómo devolverlo.
Para el fiscal, el caso se investiga como estafa por abuso de confianza en forma reiterada. “Se aprovecha de personas conocidas, abusa de esa confianza y hace una maniobra que perjudica a las víctimas”, había señalado Carballo, quien también precisó que, aunque actuaba a título personal, “generaba confianza en la gente a partir de su cargo en el Concejo y en el partido”. La investigación busca determinar, además, si se trataba de un esquema piramidal y si actuaba solo o con respaldo de otras personas.
Tras conocerse las denuncias, Santamaría Martini renunció el viernes 9 de octubre a sus dos cargos. La dimisión como prosecretario legislativo fue aceptada ese mismo día mediante el Decreto 1.007, firmado por el presidente del cuerpo, el libertario Juan Ignacio Furiasse, que lo había designado en diciembre. El GEN, por su parte, aceptó su salida y nombró en su lugar a la vicepresidenta, Andrea Benavente.


