Si se llega a un acuerdo, la Argentina aceptará que la mayoría de los integrantes de los tres grupos de bonistas que negocian con el país se conviertan en “acreedores calificados”. Y en consecuencia no se le aplicarán las cláusulas de “reasignación”. Por otro lado, los tenedores de títulos públicos emitidos bajo legislación internacional desde 2016 en adelante avalarán, a cambio, la aplicación de las “cláusulas antibuitre” según el diseño de 2016 pero con condiciones. En estas últimas está la clave para que en los próximos días haya acuerdo o no en las condiciones legales impuestas por el grupo de acreedores que desde el lunes actúan coordinadamente en la etapa final de negociaciones. Restará para el final de las discusiones saber si el Palacio de Hacienda acepta hablar sobre las cuestiones financieras e incrementar la cantidad de dinero presupuestado para pagar a los acreedores durante los años de liquidación de cupones, además del capital.
Todo esto será discutido en la nueva ronda de conversaciones que comenzará hoy y que tendrán como protagonistas al banco Lazard, contratado como intermediario; y al Bank of América y el HSBC, los teóricos meros colocadores de la futura deuda a emitir, pero que desde hace ya casi un mes son nexos activos a favor de la Argentina para lograr una fumata final. Si hubiera acuerdo, aunque sea sin incrementar el dinero a pagar a los bonistas, algo quedará claro: la oferta presentada por Martín Guzmán el 3 de julio finalmente no será la última.
Lo que ya se sabe en Buenos Aires, y así se lo indicaron desde Nueva York los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), es que ya no hay margen para insistir en la estrategia de intentar un quiebre en la alianza entre los grupos de acreedores. Fue una de las cartas que desde el primer momento se jugó Buenos Aires y que no sólo no generó el objetivo deseado sino que provocó una contrareacción. Se contabiliza hasta hoy que en los momentos críticos los tres grupos siempre actuaron juntos y respetando su alianza inquebrantable de presionar como un bloque unido e indisoluble.
Por ahora, la concesión más importante que está dispuesta a dar Argentina a los fondos de inversión es el reconocimiento de que se trata de “acreedores privilegiados” y, en consecuencia, no serían pasibles de aplicación de las “cláusulas de reasignación”. Estas quedarían relegadas a los inversores particulares o pequeños fondos (medido según la cantidad de deuda que detenten y según una fórmula hasta hoy indeterminada). Si Argentina llegara a un acuerdo, BlackRock, Fidelity, Ashmore, Authority, Monarch, Gramercy, Pharo Managment, Redwood Capital, Oaktree Capital, VR Capital, HBK, Pimco, Mangart Capital, Amundi, BlueBay, Rowe Price, Western Asset Managment, Wellington, Alliance Bernstein y Cyrus, entre aproximadamente otros 80 tenedores de deuda, serán acreedores privilegiados. La exclusión de la aplicación de las “cláusulas de reasignación” a este grupo de acreedores VIP fue el pedido expreso, y se supone irrenunciable, que los tres grupos de bonistas buscan imponer a la Argentina para aceptar la novedad de las posibilidad de inaugurar esta creación en las rondas de negociaciones de deuda soberana. El diseño de este tipo de “reasignaciones” es la principal creación del laboratorio especializado en estudiar las reestructuraciones de deudas de los países emergentes, que Joseph Stiglitz dirige para la Universidad de Columbia y donde abreva Martín Guzmán.
Esta repartición de la academia de Washington desembarcó en Buenos Aires para avanzar sobre esta creación y luego de negativas cerradas de tratar el tema de parte de los acreedores fuertes con los que discute la Argentina ahora BlackRock y compañía están dispuestos a que se firme esta creación. Pero con la condición de que no se las ejecuten e ellos. Y que sólo los más pequeños inversores sean los que la sufran. En la propuesta de BlackRock se le cambia la lógica a la propuesta y se crean condicionalidades según la tenencia de dinero. Exactamente lo contrario que se buscaba desde Washington.
La segunda negociación legal incluida en la propuesta de los acreedores, y que está dispuesta a discutirse desde Buenos Aires; son las condiciones que reclaman BlackRock para aceptar que las “cláusulas antibuitre”. Para Buenos Aires es el gran logro de la presión que se ejerció desde abril en adelante sobre el fondo de Larry Fink quién, al menos a los ojos de Hacienda, quería cambiar las normas del mercado financiero internacional al no aceptar la aplicación de las restricciones judiciales ante un eventual nuevo, y ojalá inexistente, default del país en el futuro. En el paper blanqueado el lunes, los bonitas con papeles emitidos desde 2016 a 2018 aceptan que se les apliquen las restricciones vinculadas a las mayorías de 35% para iniciar juicios ante los tribunales de Nueva York. Además de tener que esperar a que termine la vida útil de los títulos para poder iniciar esas causas. Sin embargo, para este aval, exigen curiosas (y peligrosas a futuro) modificaciones legales. Reclaman cambios en la cláusula RUFO (transformándola en casi permanente) y otras alternativas de eventuales aceleraciones judiciales.
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