El gobierno únicamente tomaría a los empleados de las AFJP cuando éstos sean despedidos e indemnizados por las empresas. Sólo con esta condición, 10.270 personas por sus ingresos podrían entrar en la administración pública. La idea del gobierno con esta limitación es que la mayor cantidad posible de empleados de las AFJP permanezcan dentro de las compañías en alguna nueva actividad que las administradoras puedan realizar o que pasen a formar parte del grupo económico dueño de la empresa. Sólo el personal que les sobre a las AFJP será el que pase al Estado.
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Estas condiciones fueron definidas ayer en la sede de la Jefatura de Gabinete que dirige Sergio Massa, donde fueron invitados representantes de todos los organismos y reparticiones públicas que podrían recibir a los ex trabajadores de las AFJP. Alrededor de Massa se sentaron enviados de la ANSeS, PAMI, de las Superintendencias de Seguros, de ART y de Entidades Financieras del BCRA, Correo Argentino y del Banco Nación. Mostró las características del régimen de incorporación de empleados de las AFJP Alvaro Ruiz, subsecretario de Relaciones Laborales, la persona designada por Carlos Tomada para resolver técnicamente estas incorporaciones.
Lo que se explicó es que se aplicará el requisito de los despidos e indemnizaciones con el objetivo de evitar que las AFJP se desprendan en bloque de todos los trabajadores para que éstos pasen sin más al Estado. «Antes tendrán que resolver las administradoras su situación de dependencia, y después serán tomados por el sector público», afirmó Ruiz a este diario. Con esto, para que la administración nacional los considere, deberán anotarse en los listados oficiales, previa obtención del telegrama de renuncia de las AFJP.
Propósito
La intención del gobierno es que los grupos económicos que son propietarios de las AFJP absorban dentro de la organización a la mayor cantidad posible de empleados, especialmente si éstos son propiedad de capitales extranjeros. La medida apunta fundamentalmente al BBVA Banco Francés (Consolidar),ING (Orígenes), Met (Met AFJP) y HSBC ( Máxima). Descuenta, además, el Ministerio de Trabajo que el Banco Nación tomará a los casi 2.300 empleados y los distribuirá dentro de las empresas del mismo grupo, fundamentalmente Nación Seguros. Este es en realidad un compromiso que la titular de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, tuvo con Cristina de Kirchner cuando se conoció la decisión.
Antigüedad
Lo que respetará el Estado, según el artículo 14 de la Ley de Nacionalización de los Fondos del Régimen de Capitalización, es la antigüedad de los empleados, aunque éstos hayan sido despedidos, y con el objetivo de mantener los derechos de vacaciones y aguinaldos de los empleados.
¿Qué sucedería si las AFJP se niegan a indemnizar a sus trabajadores y los grupos económicos no quieren absorberlos? En el Ministerio de Trabajo se considera que en estos casos, los empleados no podrían ingresar al Estado y mantendrían su vínculo laboral con las administradoras, que tendrían que continuar liquidando salarios y beneficios. Las empresas deberían, además, rediseñar su negocio, siempre según la visión oficial, orientándolo a los seguros de retiros u otros productos, y prever cuál será la planta necesaria para estas actividades. Si éstas enviaran los telegramas de despido y no indemnizaran a su personal,-éstos podrían ingresar al Estado y continuar por la vía judicial reclamando el pago por el fin del vínculo laboral con la AFJP.
Habrá, además, otra limitación para los empleados de las AFJP que sean tomados por el sector público: un tope salarial de $ 6.000 mensuales. Por debajo de ese monto, entrarán en el listado de posibles futuros empleados del Estado; por encima, dependerán de la suerte de las administradoras. Esto abarca a los gerentes, directores, responsables de área y todos los trabajadores con sueldos superiores a $ 6.000.
La novedad cayó como un balde de agua fría en las AFJP. Los planes que diseñaban para el futuro tomaban en cuenta que los trabajadores simplemente iban a dejar de pertenecer a las AFJP y pasarían al sector público con solo un trámite. «Nos sacan el negocio, nos expulsan de la actividad, no podemos facturar y, como consecuencia, no tenemos dinero para indemnizar; encima nadie nos llamó para negociar o discutir la forma en que serán tratados nuestros empleados», se lamentaba ayer un responsable de una de las compañías.
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