Aprobaba el Congreso la ley antigoteo

Diputados se aprestaba esta madrugada a convertir en ley el proyecto que bloquea los amparos impidiendo el retiro de fondos inmediato a los ahorristas con plazos fijos reprogramados. Unas horas antes, el Senado había sancionado el proyecto que reemplazó, por ahora, al plan BONEX. La nueva ley alarga los plazos para que los ahorristas se hagan de los fondos con una modificación al Código de Procedimientos que les permite al Estado o a los bancos apelar los amparos dictados por los jueces. Así, se entra en un largo proceso en la Cámara Federal, que puede aceptar o denegar la apelación. Luego, la cuestión puede llegar a la Corte si el ahorrista continúa el recurso por inconstitucionalidad del «corralito». La medida es un paliativo para frenar la cantidad de amparos que los oficiales de Justicia ejecutaban en los bancos por la fuerza pública y que obligaron a decretar el feriado bancario. Para algunos diputados y senadores, la ley que cierra el «corralito» por un tiempo no será una solución. Adelantaron ayer que los jueces la declararán inconstitucional en cuanto el Estado la quiera aplicar. Esto sería a partir del viernes, si se levanta el feriado y los bancos abren sus puertas.

El gobierno logró ayer la aprobación en el Senado de la ley que servirá para contener el goteo de dólares del «corralito», aunque sea provisoriamente, hasta que los amparos tengan sentencia firme. Anoche, la iniciativa ingresó a Diputados, donde esta madrugada -se preveía- iba a quedar convertida en ley.

En la Cámara alta, la votación no resultó muy holgada en favor del oficialismo, ya que se produjo la primera gran diferenciación de la UCR, en el marco de la resquebrajada alianza con el duhaldismo. La discusión previa en el bloque precipitó un portazo de Raúl Alfonsín, quien había ensayado una clásica defensa de Eduardo Duhalde: «Miren que, si no apoyamos lo que nos pide el gobierno, se viene la derecha conservadora». Como los beneficios de la «entente» quedan siempre circunscritos a la filial bonaerense del radicalismo, la mayoría hizo oídos sordos.

Carlos Maestro y compañía presentaron una propuesta alternativa, que ni siquiera logró adhesión irrestricta de sus propios correligionarios. El porteño Rodolfo Terragno, que aportó borradores propios en la previa, y el santafesino Horacio Usandizaga salieron a diferenciarse en el recinto, aunque todos terminaron votando en contra del proyecto del Ejecutivo, algo inédito en la relación que se inició el 2 de enero con la designación de Duhalde. El desconcierto era tal que Horacio Pernasetti, jefe de la UCR en Diputados, adelantó a este diario que su bancada votaría la iniciativa del PJ. Pero no parecía demasiado convincente.

En el peronismo, obviamente, tampoco faltaron los cuestionamientos. La santacruceña Cristina Fernández de Kirchner y la sanluiseña Liliana Negre de Alonso se pronunciaron abiertamente en contra.

La patagónica sentenció que «con esta ley, sólo se prolonga la agonía, la sangría y la discusión». «Este proyecto -subrayó- restringe pilares básicos que establece la Constitución nacional, como ser los recursos de amparo y hábeas corpus, que tutelan bienes jurídicos como el patrimonio y la libertad». La señora de Kirchner calificó de «inútil» la norma, pues en «48 o 72 horas algún juez la declarará inconstitucional y proseguirán las acciones y los embargos».

Todos los radicales (incluido Alfonsín, que aceptó la disciplina doméstica), los peronistas de Santa Cruz y de San Luis y la frepasista porteña Vilma Ibarra se sumaron a los provinciales -el liberal correntino Lázaro Chiappe, la sanjuanina Nancy Avelín, más Marita Colombo y Guillermo Brizuela del Moral (Frente Cívico)- que se pronunciaron negativamente.