El gobierno ya firmó con las petroleras un acuerdo para liberar los precios del gas que consume la industria y del GNC al 31 de julio del año próximo. Esos consumidores equivalen a 77% de la demanda. El 23% restante, que corresponde a domicilios y pequeños comercios, irá subiendo gradualmente y quedará también liberado en diciembre de 2006.
Ese convenio -que todavía debe debatirse en audiencia pública y podría ser motivo de acciones judiciales-cambia en parte las reglas de juego para transportistas y distribuidoras de gas. Porque la industria y las estaciones de GNC deberán comprar directamente el gas a las petroleras. Es decir, las distribuidoras pierden parte del negocio.
El gobierno lanzó, además, un fondo fiduciario por $ 3.000 millones para gasoductos y redes de gas, que implica que la expansión del negocio quedará afuera de las privatizadas.
Estas operarán y mantendrán las nuevas obras, pero ingresarán en su patrimonio recién cuando estén repagadas.
Esto implica un cambio en las condiciones contractuales, explicado porque las privatizadas tienen hoy un nivel de endeudamiento que en la mayoría de los casos las llevó al default y que les impediría salir a buscar financiamiento para nuevas inversiones.
En el caso de la energía eléctrica, la situación es más complicada, porque el acuerdo con las generadoras recién se empezó a negociar en los últimos días. Implica un cambio para generadoras y distribuidoras, porque también la industria debería pactar directamente la compra de energía, con lo cual las distribuidoras se quedarán con un negocio mucho menor.
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