«Es una oportunidad para ordenar los errores regulatorios de los '90", precisó el ministro de Infraestructura, En rigor, según establece el proyecto que ya redacta Solá, la intención es
Terminante, Solá decidió, además, que apelará si es necesario a la anulación de los contratos: «En todos los contratos de servicios públicos los incumplimientos terminan con la ruptura de la concesión», confirmó
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